“Después de las vacaciones va a ser un tema que vamos a poner ya en la mesa porque hay tres iniciativas y es importante resolver este tema”, dijo el diputado de Gana, Mario Tenorio, la semana pasada.
El 13 de enero recién pasado, a la Asamblea Legislativa se le venció el plazo de seis meses otorgado por la Sala de lo Constitucional para emitir una ley especial sobre el problema, luego de la sentencia 411-2017 emitida en julio del año pasado.
La orden que dio la Sala de lo Constitucional de la CSJ señaló que el trabajo debía ser “reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad, como sujetos de derechos, y categorizarlos normativamente, para lo cual se deberá revisar y emitir la legislación especial orientada a la protección de víctimas y testigos”,.
El diputado de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Ricardo Velásquez, aseguró que la representante de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los refugiados, Elisa Carlaccini, ha ofrecido un cuadro comparativo de legislación sobre el fenómeno “particularmente, la de Honduras y Colombia que tienen características similares por sus conflictos internos recientes a lo que vive la población salvadoreña en el tema de desplazamiento forzado”, explica el diputado Velásquez.
La Comisión tiene tres anteproyectos para estudiar; en agosto del año pasado Cristosal presentó una iniciativa de ley para ser analizada y a finales del año, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública entregó un anteproyecto de atención a víctimas a la Asamblea.
La tercera propuesta de ley llegó en este año y fue la de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia (UTE).
“No es una decisión meramente política, se debe hacer una relación profunda de la relación jurídica que pueda llevar esa legislación”, dice Velásquez sobre el análisis de la normativa sobre víctimas de desplazamiento forzado.
El mismo diputado agrega que para la discusión de la ley podrían solicitar hacer un foro “para nutrirse de testimoniales de las víctimas que han sufrido desplazamiento forzado”; el presidente de la comisión, Mario Tenorio, dijo que las víctimas no han pedido audiencia, pero que están abiertos a recibirlos.
Señalamientos
Cristosal, una fundación defensora regional de derechos humanos, ha señalado algunas deficiencias en las iniciativas de ley. En la presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, asegura que es una normativa general “tan general que corre el riesgo de diluir y no proteger a ninguna víctima”, dice Celia Medrano, directora de programas de la fundación.
Mientras, el anteproyecto presentado por la UTE recarga el reconocimiento de la víctima desde la interposición de una denuncia penal, de lo contrario, quedarían fuera de la protección estatal “nos debe bastar la condición de víctima de violencia generalizada”, agrega Medrano. Cristosal ha recalcado que la normativa debe cumplir lineamientos internacionales sobre el desplazamiento forzado por violencia.
Las fallas en cada iniciativa, según Cristosal:
Ministerio de Seguridad
Al ser una ley general sobre desplazamiento, no cumple con los parámetros establecidos en la sentencia.
También, no establece con claridad que el desplazamiento puede ser ocasionado por agentes estatales.
Cristosal
Falta mayor desarrollo del enfoque psicosocial.
En los principios no se desarrolla el principio de acción sin daño y el de confidencialidad.
UTE
Su enfoque es punitivo, ya que incorpora conductas delictivas y los mecanismos establecidos son más judiciales.
Tiene más obstáculos para acceder ya que requiere que las victimas prueben su condición de desplazamiento.
Su enfoque preventivo es policial.
El caso
06/10/2017
La Sala de lo Constitucional admitió la primer demanda de amparo de víctimas desplazadas por violencia. Hay cinco amparos que la Sala no ha resuelto aún.
13/07/2018
La Sala resuelve que el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia existe y debe ser reconocido por el Estado y sus víctimas deben ser atendidas.
13/01/2019
Se vence el plazo de seis meses que la Sala dio a la Asamblea Legislativa para crear una ley especial de protección a víctimas de desplazamiento forzado.