Diputados de la Asamblea Legislativa aseguraron que el proceso de antejuicio que enfrentará el viceministro de Seguridad ad honorem y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, no es un ataque al Plan Control Territorial porque, a su criterio, ese plan de seguridad no existe.
La semana anterior, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó en su cuenta de Twitter que hay intención de desmantelar el Plan Control Territorial. Señaló que cusan al director de "desobedecer una orden ilegal de los diputados".
Rogelio Rivas, ministro de Seguridad, tildó el proceso de antejuicio de "un show político" y una "cortina de humo”.
El diputado Julio Fabián, subjefe de fracción del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), reiteró que no se puede obstaculizar ningún plan porque no existe, "solo existe en la mente de ellos".
El fiscal está haciendo la labor que la Constitución le autoriza, no es que se esté obstaculizando un plan que al final ni tan siquiera existe, porque nunca lo han dado a conocer, solo existe en la mente de ellos, por lo tanto, creo que no se está obstaculizando absolutamente nada”. Julio Fabián, diputado de Arena.
Asimismo, Schafik Hándal, subjefe de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que nunca apareció el plan, solo peticiones gubernamentales de dineros como la solicitud de los $109 millones para financiar el Plan Control Territorial.
Está claro que el argumento que se está atacando al Plan Control Territorial no es válido porque nunca ha aparecido el susodicho plan, solo han habido peticiones de dinero, aquel préstamo que provocó el 9 de febrero. El presidente al principio estuvo diciendo que hay una primera, segunda, tercera, llegó hasta la novena fase, pero no hay ningún simple papel diciendo que es el plan”. Schafik Handal, diputado del FMLN.
El legislador Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), también opinó que no hay ningún Plan Control Territorial sino un pacto con la pandilla MS-13, como lo publicó el periódico electrónico El Faro.
Compatriotas no hay un plan de control territorial, lo que hay es un pacto con la mara, no existe plan de control territorial”. Rodolfo Parker, diputado del PDC.
Gana: ha dado resultados
El diputado Guadalupe Vasquez, jefe de fracción del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), dijo que el antejuicio contra Arriaza Chicas “tiene un tinte político”.
Aseguró que el jefe de la corporación policial ha justificado el porqué no trasladó a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, a la comisión especial que investiga la colocación de bonos durante la pandemia.
Es que no pueden atacar un plan que ha dado resultados positivos. Existe el plan, ¿cuántos cabecillas no han caído, pues? Los que no caen son los cabecillas que están en esta Asamblea”. Guadalupe Vasquez, diputado de Gana.
Incumplimiento de deberes
El pasado 12 de noviembre, el órgano legislativo aprobó el dictamen para crear una comisión especial contra Arriaza Chicas.
La comisión estudiará si quitarle el fuero con el fin de que el funcionario enfrente la acusación fiscal de incumplimiento de deberes ante los tribunales comunes. El 10 de noviembre recién pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes la solicitud de antejuicio por ese delito.
Mientras era investigado por la Fiscalía por supuesta desobediencia, Arriaza Chicas fue nombrado como viceministro de seguridad pública. El nombramiento le permitió tener fuero, es decir, ante cualquier delito, debe responder ante la Asamblea Legislativa y no directamente a los tribunales comunes. El nombramiento fue aprobado por el presidente de la República mediante acuerdo ejecutivo 384 el 9 de octubre de 2020.
Orden por apremio
En octubre pasado, la Fiscalía solicitó a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la emisión de deuda que enviara certificaciones del llamado solicitado al director de la PNC para llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con apercibimiento de apremio.
El 30 de septiembre, los diputados acordaron llamar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para el 2 de octubre. El ministro fue citado tres veces pero no acudió. El director de la PNC tampoco acató la orden del órgano Legislativo.