Esta pandemia de “tipo sanitario”, que ha puesto en jaque incluso a los sistemas de salud catalogados entre los mejores del mundo, y, que ha probado el carácter, voluntad política y la capacidad de los gobernantes en turno; nos invita a reflexionar sobre ¿qué pasaría si extrapolamos el término “pandemia” al ámbito social? Problemas como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la corrupción, y otros males sociales, por ejemplo, ¿podrían considerarse “pandemia”?
En la medida que afectan a una inmensa mayoría en el mundo, provocan miles de muertes a diario e impactan la economía y el desarrollo de los países, a mi parecer tendría sentido catalogarlos como tal. No obstante, en la práctica estas epidemias de “tipo económico social” parecería que son sistémicamente invisibilizadas y naturalizadas tanto por los gobiernos como por la sociedad.
Por lo anterior, en regiones con Estados ausentes o inefectivos en la provisión de bienestar y en la garantía de derechos como ocurre en Centroamérica, el COVID-19 impone una amenaza de magnitud de “doble pandemia”.
Siendo así, retomo lo señalado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en el sentido de que es necesario que los gobiernos de la región asuman la responsabilidad de implementar medidas de corto, mediano y largo plazo en varias y diversas áreas de la política pública, incluida la fiscal.
En mi opinión, la actual crisis demuestra que debemos repensar el sistema de relaciones económicas y sociales tanto a escala individual como social.
Por tal motivo, Centroamérica debe transitar hacia un modelo de sociedad cuyo centro sean las personas y no el mercado. Una donde no quepa la indiferencia ante las muertes provocadas por la desnutrición, la corrupción, la falta de acceso a servicios de saneamiento, el deterioro ambiental, la violencia, la pobreza, la migración irregular, etc.
Esto únicamente se logrará por medio de leyes, políticas y finanzas públicas que contribuyan a dicho propósito.
Por ello, los Estados de la región deben corregir el rumbo actual y dar cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto con la idea de atender los problemas estructurales que acentúan la vulnerabilidad y desprotección de las mayorías ante crisis globales como la que ahora impone el COVID-19. Para el efecto, los Estados deben definir una hoja de ruta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que preparen a la región para enfrentar de mejor forma los impactos que impondrá esta «doble pandemia».
Como sociedad debemos estar conscientes que no solo estamos ante una crisis sanitaria, sino que sistémica y estructural. Por tanto, debemos exigir a los Estados acciones integrales que a su vez sean sostenibles y fiscalmente responsables. De ello también dependerá que logremos o no la cura para las grandes epidemias sociales que hasta hoy hemos ignorado.