Ha visto desfilar políticos de todos los colores ofreciéndole que su vida iba a mejorar. Además de las palabras, guarda unas camisas de cada campaña electoral, quizá para mostrar que los de antes y los de ahora no son tan diferentes. Cada día es incierto, pues no tiene asegurado que vaya a comer o que podrá pagar sus medicinas, tampoco tiene asegurado, por la delincuencia, que volverá a su casa.
El domingo 6 de junio, algo escuchó en la radio sobre la posibilidad de legalizar el bitcóin, no le dio importancia. El miércoles toda la gente andaba hablando de que ya se había a probado la ley. Sí, en casi 72 horas se había aprobado la Ley Bitcoin en El Salvador. Sin debate. Sin estudio técnico. Sin explicaciones al pueblo, al que tanto se usa.
Doña Rosa no sabe de qué se trata o cómo funciona. No es la única. Luego de más de una semana de aprobada esa ley ni un solo funcionario ha sido capaz de dar explicaciones ni a ella, ni a toda la sociedad. Ni siquiera el propio presidente, fanático de las cadenas nacionales, lo ha hecho; eso sí, ha participado en conferencias, o espacios en redes sociales, en inglés, pero dirigido exclusivamente a los enajenados bitcoinistas.
La Ley que legaliza el bitcóin establece que este será un medio de pago obligatorio y aunque se supone que excluye a personas como doña Rosa, por no tener la tecnología adecuada, ¿cómo se definirá eso? En su casa, por la pandemia, tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para comprar un celular para que sus nietas estudiaran. Ese celular bien podría ser suficiente para decir que sí tiene la tecnología.
Pero adicionalmente, aunque doña Rosa decidiera no usarlo. Existe la posibilidad que su salario ahora se lo paguen en bitcóin. También que las empresas que reciban pagos con este tipo de criptomoneda suban los precios de los productos, que ella compra para sobrevivir, para reducir el riesgo cambiario. Y lo que es seguro es que a través de los impuestos que ella paga cuando compra productos, ella tendrá que absorber la volatilidad de una criptomoneda que puede incrementar su valor o desplomarse solo con un tuit.
También los impuestos que recibe el gobierno podrían depender de esa volatilidad. Lo que significaría que los servicios de educación para sus nietas, o de salud para su familia, dependerá de que dicte el sacrosanto mercado del bitcóin. Un mercado donde el 2.5% de los usuarios posee el 95% de todos los bitcoines. Y aunque una de las ventajas se supone con esta criptomoneda es que se reducen las comisiones, en la práctica esas comisiones son altísimas si se compara con el hecho que, para hacer pagos con dólares en efectivo, como lo hace mayoría de la población, no pagan nada.
Adicionalmente El Salvador puede convertirse en un paraíso fiscal virtual, ya que las transacciones en bitcóin no pagarán impuestos a la ganancia. Aunque doña Rosa sí lo tendrá que seguir haciendo. También podrá convertirse en un paraíso para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico o incluso de las pandillas.
Esta medida no es para mejorar la vida de doña Rosa ni de la mayoría de la población. Y quizá, aunque ella no lo sepa, una vez más tendrá que pagar la factura de las decisiones de políticos que utilizan el Estado para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Solo que esta vez al estilo de los casinos virtuales, apostando con el bienestar del pueblo.