A pesar de los incentivos para impulsar la electromovilidad, el alto costo de los vehículos eléctricos frena el desarrollo de este mercado que compite por ganar terreno en El Salvador, concluye un análisis de la consultora EY.

La firma recuerda que El Salvador inició su camino hacia la electromovilidad en 2015, pero tuvo su mayor impulso con la aprobación de una ley de incentivos para la importación de vehículos eléctricos e híbridos en septiembre de 2020. En agosto de 2022, la Asamblea Legislativa reformó este cuerpo normativo, cuyo principal cambio es la eliminación del pago del 100 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las unidades nuevas por 10 años.

“Pese a que contamos con esfuerzos para incentivar el consumo de vehículos eléctricos, los precios de las unidades siguen siendo más costosas si los comparamos con vehículos de combustión interna”, señaló Laureen Fernández, coordinadora de Estudios de Mercado de EY.

Un vehículo eléctrico, tipo sedan, difícilmente se consigue en menos de $35,000, mientras que en combustión se puede comprar entre $15,000 a $20,000. Esta cifra baja a los $7,000 si se adquiere usado.

La promesa de los fabricantes es el beneficio a largo plazo, ya que una unidad eléctrica no consume combustible ni requiere mantenimiento como con motores de combustión.

AES El Salvador calcula que cargar una batería del vehículo tiene un costo entre $6 y $7 para una autonomía de 400 kilómetros, según el modelo, suficiente para ir y regresar entre San Salvador y San Miguel.

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Deficiencia en la infraestructura

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que recoge datos del Viceministerio de Transporte, registra que por las calles salvadoreñas circulan 300 unidades eléctricas y 287 híbridos (que combina un motor eléctrico y uno de combustión), entre vehículos y motocicletas.

Esto apenas representa un 0.02 %, respectivamente, de las más de 1.7 millones de unidades en circulación.

El estudio de EY también identificó que aún faltan inversiones en el desarrollo de energía limpia en la capacidad de generación para garantizar que los vehículos se carguen con fuentes renovables, como hidroeléctrica, solar y geotérmica.

Honduras y El Salvador tienen la infraestructura más pobre con estaciones de carga públicas, con cuatro y cinco puntos, respectivamente. La región es liderada por Costa Rica, quien tiene 267 electrolineras y República Dominicana, con 134.
Incluso Nicaragua gana en este campo al mercado salvadoreño, con 67 puntos de carga, mientras que Panamá tiene 14 y Guatemala 13.

Fernández identificó que la región tiene oportunidades para avanzar en la electromovilidad con la unificación del transporte público y privado, así como promover el turismo sostenible en este tipo de unidades.