“Luego de un año de vigencia de la ley, algunos de los riesgos advertidos se han hecho realidad”, publicó el ICEFI en un comunicado ahora.
El Instituto destaca que haber utilizado recursos públicos para imponer el uso obligatorio del bitcoin, implica que independientemente la población lo use o no, se están usando ingresos tributarios para cubrir los costos de esta medida.
La Asamblea Legislativa aprobó $225.3 millones para la implementación de la Ley Bitcoin, sin embargo, para el Instituto es alarmante que un año después no se haya publicado el detalle de cómo se han manejado esos recursos públicos.
Destaca que en un momento donde los altos precios golpean a la población en general dichos recursos pudieron para fortalecer la educación, la salud o la protección social, con énfasis en los grupos más vulnerables.
No existe información oficial pública sobre cuántos bitcoins ha comprado el Estado salvadoreño y el monto gastado para ello.
Con base en lo publicado por el presidente Nayib Bukele ha publicado en la red Twitter, y considerando el precio de mercado de los montos mencionados en esos mensajes, así como el precio de mercado actual de la pérdida en la reserva de valor puede estimarse en más de $60 millones, estima Icefi.
“Este costo es a todas luces excesivo y oneroso para la población y los contribuyentes salvadoreños”, afirman en el comunicado.
Para el Icefi gracias a que la población decidió no usar el bitcoin, los costos no han sido aún más altos, ya que incluso el envío de remesas a través de billeteras electrónicas es mínimo, con menos del 2% del total.
Haber adoptado el bitcoin, sumado al deterioro institucional, hecho difícil que el Gobierno acceda a fuentes para financiar el déficit fiscal, como el acuerdo que está en negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este Acuerdo de “Servicio Ampliado”, que incluye un apoyo financiero potencial de $1,300 millones, el cual a la fecha no se ha concretado.
Deterioro de imagen crediticia
Además, el perfil de riesgo medido por el Emerging Markets Bonds Index se ha incrementado en más de un 200% desde que se aprobó la Ley Bitcoin, lo cual implica que, si el Gobierno sale al mercado internacional de capitales a colocar sus bonos de deuda soberana, los prestamistas en el exterior exigirían una tasa de interés excesivamente alta por considerarlo un acreedor con alta probabilidad de no poder pagar su deuda en el futuro.
Luego de un año, El Salvador tampoco ha cambiado su marco institucional y legal. En ese sentido, el Icefi continúa expresando su preocupación por que el uso de este criptoactivo esté facilitando la evasión tributaria y otras formas de fraude fiscal.
Icefi señala que el país tampoco ha adoptado las medidas preventivas que en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo contiene la Recomendación 15 y la nota interpretativa del Grupo de Acción Financiera (Gafi), por lo que El Salvador está en riesgo grave de estar siendo usado como centro facilitador de estos ilícitos, con base a las facilidades que ofrece el bitcoin.
Considerando todos estos elementos, el Icefi recomienda a la Asamblea Legislativa derogar la Ley Bitcoin y establecer un mecanismo regulatorio para las empresas y personas que, de manera libre y voluntaria, quieran seguir utilizándolo.
También considera indispensable liquidar el Fideicomiso Bitcoin, rendir cuentas sobre el mismo y trasladar sus recursos a carteras de Estado que beneficien a la población.