La deuda del sector público no financiero (SPNF) aumentó en $848.8 millones al cierre de 2023, según estadísticas del Ministerio de Hacienda.

Las obligaciones del SPNF superaron los $18,882 millones, un 4.7 % adicional en comparación con los $18,033.2 millones reportados en 2022. Esta cifra incluye la deuda del gobierno central, empresas no financieras y las entidades descentralizadas no empresariales.

Según Hacienda, el saldo del SPNF representó un 54 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2023.

Del total, $2,390.2 millones corresponden a deuda de corto plazo que emite Hacienda para solventar deficiencias temporales en la caja fiscal a través de los Certificados y Letras del Tesoro ( Cetes y Letes).

El saldo de estos compromisos se redujo en $266.5 millones frente a 2022. Hacienda inició en septiembre de 2023 un reperfilamiento para $1,500 millones de la deuda interna en manos de los bancos privados, que consiste en cambiar los períodos de vencimientos de un año a plazos de hasta siete años a cambio de un aumento en el interés.

El último reporte de Hacienda detalla que un 21 % de la deuda tiene vencimientos de uno a cinco años plazo, mientras un 20 % está estructurada de entre seis y 10 años. Un 59 % de los compromisos se debe pagar en los próximos 20 años.

A partir de la última reforma previsional, el saldo del SPNF no incluye los compromisos los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que a diciembre de 2023 superaron los $8,396.8 millones, ni los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) por $1,097.8 millones.

Si se suman estos compromisos, la deuda supera los $28,376.6 millones y equivaldría a un 81 % del PIB.

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Sin riesgo de impago, pero delicadas finanzas.

La agencia Moody’s Investors Service advirtió que El Salvador sigue enfrentándose a altas necesidades de financiamiento y a un limitado acceso al mercado internacional, aunque descartó el riesgo de impago para 2024.

La agencia completó una revisión periódica de la calificación salvadoreña el 1 de febrero de 2024, en la cual examinó la idoneidad de las notas en el contexto de las metodologías y los últimos eventos. En un comunicado publicado al siguiente día, confirmó que no se modificaron los actuales perfiles fiscales y tampoco cree que es probable que se tome acción en el futuro cercano.

De esa manera, se mantiene la calificación de riesgo de El Salvador en Caa3, con perspectiva estable.

Sin embargo, la agencia explicó que la perspectiva estable refleja un menor riesgo crediticio en el corto plazo gracias a las recompras de bonos de 2022, que alivió la carga para el vencimiento de enero de 2025 de $800 millones a $347.9 millones.

Moody’s explicó que una mejora en la nota salvadoreña dependería de una reducción significativa del déficit fiscal y una menor dependencia de la “costosa” deuda de corto plazo.

Asimismo, la agencia destacó la dependencia de la economía salvadoreña de las remesas y las exportaciones de bienes de bajo valor agregado hacia Estados Unidos. Moody’s consideró que la gobernanza refleja una débil efectividad de la política fiscal y la centralización en la toma de decisiones sin controles adecuados del poder.

El dato

El próximo gran vencimiento será en enero de 2025, con $347.9 millones. Durante 2024, Hacienda debe honrar el servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) en más de $2,114 millones.