La prohibición, realizada 31 años después de la masacre, se extiende a los “familiares inmediatos” de los 13 militares salvadoreños, informó en un comunicado el secretario de Estado, Michael Pompeo.
El Departamento de Estado explicó que los militares y sus familiares son no elegibles para ingresar a los Estados Unidos con base a las disposiciones de la Sección 7031 c de la “Ley de asignaciones presupuestarias, operaciones extranjeras y programas afines del Departamento de Estado de 2019”.
Las autoridades estadounidenses aseguran que tienen “información confiable” de que los 13 militares responsables fueron: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos.
A la lista agrega a José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
“Estos 13 exmilitares salvadoreños en los rangos de general a soldado estuvieron involucrados en la planificación y comisión de ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas que se refugiaron en el centro pastoral jesuita el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador”, señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La prohibición de ingreso al territorio ocurre cuando en El Salvador está en discusión la Ley de Justicia Transicional para la Reconciliación Nacional que, según mandato de la Sala de lo Constitucional, debe ser aprobada a más tardar este 28 de febrero.
Informe de la Comisión de la Verdad
El informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, consigna que una unidad del Batallón Atlacatl destinada para asesinar a los sacerdotes jesuitas estaba al mando del teniente José Ricardo Espinoza Guerra; del subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, acompañados por el teniente Yussy René Mendoza Vallecillos.
Según el informe, Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes; y el soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi asesinó a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Martín-Baró y Segundo Montes.
También, el subsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas disparó contra los sacerdotes Amando López y Juan Ramón Moreno y el cabo Ángel Pérez Vásquez mató al sacerdote Joaquín López y López.
Finalmente, la investigación señala que el soldado José Alberto Sierra Ascencio disparó por segunda vez contra Elba y Celina Ramos.
Los delitos cometidos según el informe de la Comisión de la Verdad fueron excluidos de la amnistía de acuerdo a la sentencia que los diputados están buscando cumplir.
