La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el 28 de julio la Ley de Financiamiento del Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el año fiscal 2022, que pone estrictas condiciones para entregar el 75 % de la ayuda al Triángulo Norte.
La votación fue 217 a favor contra 212.
La ley incluye una inversión de $860.6 millones para el Triángulo Norte en el año fiscal 2022.
De acuerdo a la nota de prensa de la Casa de Representantes, el proyecto fue aprobado en el Comité de Asignaciones el 1 de julio de 2021 con una votación de 32 a 25.
Los $860,600,000 se destinarían a la asistencia de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Incluye $15 millones para asistir a democracia e imperio en la ley en Nicaragua, pero ninguno de dichos fondos al gobierno nicaragüense.
Las 9 condiciones fundamentales
Sobre la asistencia a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, la ley pone 9 condiciones expresas para recibir el 75 % de los fondos; en años anteriores la proporción condicionada era el 50 %.
Textualmente, la ley dice: "El 75 % de los fondos solo puede estar obligado (al desembolso) después de que el secretario de Estado certifique y reporte al Comité de Apropiaciones que el gobierno está":
- Combatiendo la corrupción y la impunidad, incluyendo investigaciones a oficiales de gobierno, personal militar y policías con vinculaciones corruptas creíbles.
- Implementando reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, incluso el incremento de la transparencia en las instituciones públicas, y la independencia de las instituciones judiciales y electorales para mejorar la transparencia de la campaña política y el financiamiento de los partidos políticos.
- Protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos opositores y la independencia de los medios de comunicación.
- Proporcionando seguridad y aplicación de la ley eficaz y responsable a sus ciudadanos, restringiendo el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública y respetando el debido proceso legal.
- Implementando políticas para reducir la pobreza y promover crecimiento económico y oportunidades equitativos, incluyendo reformas para fortalecer el sistema educativo y programas vocacionales y de jóvenes en riesgo.
- Mejorando la seguridad fronteriza y luchando contra el tráfico y la trata de personas, bandas criminales, narcotraficantes y organizaciones de crimen transnacional.
- Contrarrestando y previniendo violencia sexual y de género.
- Informando a sus ciudadanos del daño del viaje hacia la frontera sur de los Estados Unidos; e
- Implementando políticas para mejorar el clima de la inversión extranjera, incluyendo reformas tributarias en manera transparente, asegurando mecanismos legales efectivos para el reembolso de impuestos adeudados a empresas estadounidenses y resolviendo disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades estadounidenses.
Seis indicadores para la retención del 75 %
Sin embargo, el proyecto aprobado por el Comité de Apropiaciones el 1 de julio menciona que, para tener una certificación relacionada a la retención del 75 % de la ayuda, el secretario de Estado considerará lo siguiente:
1. Cooperación con las comisiones anticorrupción: Si dicho gobierno está cooperando con las comisiones contra la corrupción y la impunidad y con las entidades de derechos humanos.
2. Apoyo a independencia judicial y fiscalías, Estado de Derecho y garantía tributaria: Si dicho gobierno está apoyando la independencia y la capacidad creciente del poder judicial y las fiscalías, incluso en asuntos relacionados con la defensa del Estado de Derecho y la garantía del debido proceso en la adjudicación de asuntos tributarios.
3. No interferencias: Si dicho gobierno está protegiendo los derechos de dichas entidades para operar sin interferencia.
4. Policía civil profesional: Si dicho gobierno está creando una fuerza policial civil profesional y responsable.
5. Programas laborales y económicos: Si dicho gobierno está apoyando programas para crear puestos de trabajo y promover un crecimiento económico equitativo, especialmente en áreas que contribuyen a un gran número de migrantes.
6. Aumento de ingresos del gobierno: Si dicho gobierno está aumentando los ingresos del gobierno, incluso mediante la implementación de reformas tributarias y el fortalecimiento de agencias de aduanas.
Si no cumplen, se reorientaría ayuda
Según la ley acordada por el Comité de Asignaciones, si el secretario de Estado de EE.UU. no puede emitir estas certificaciones, se permite “reprogramar dicha asistencia a organizaciones no gubernamentales en América Central” e incluso a otros países latinoamericanos, notificando al comité.
Los fondos solo se pondrán a disposición de las entidades de los gobiernos centrales que hayan demostrado una asociación efectiva con el Gobierno de los Estados Unidos; sin acusaciones creíbles de corrupción, incluso bajo la sección 7031 (c) de esta Ley”. Proyecto de ley acordado.
Gobierno de EE.UU. avala condiciones
Ricardo Zúñiga, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y enviado para el Triángulo Norte, aseguró este martes que están “más que conformes” con lo aprobado por los congresistas, en torno a las condiciones de ayuda.
Nosotros estamos más que conformes con la decisión del Congreso de poner un enfoque en cuestiones de gobernanza. Nosotros sabemos y estamos de acuerdo con el Congreso tanto con republicanos como demócratas, para poder tener éxito integral tenemos que tener las condiciones que van a permitir que cualquier cooperación o inversión en los países de Centroamérica pueda tener un espacio propicio para prosperar”. Ricardo Zúñiga.
Zúñiga mencionó cuáles serán los criterios más importantes de condición de la ayuda centroamericana: “Fortalecer la independencia institucional de las cortes, respetar las instituciones democráticas, las formas democráticas pero también la cultura democrática, apoyar la libertad de prensa, apoyar ONG, no restringir las actividades de ONG o de prensa, medidas muy claras que son apoyadas por centroamericanas, son los criterios más importantes”.
Sin embargo, advirtió que parte de la cooperación de los EEUU se efectúa a través de organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo al proyecto de ley, para el Comité de Asignaciones, la promoción del Estado de derecho y el combate a la corrupción son prioridades, la rendición de cuentas y el uso de herramientas contra actores corruptos.
Destino de la ayuda
El Fondo de Ayuda al Desarrollo y Apoyo Económico para la Asistencia a Centroamérica incluirá programas que aborden causas de la migración irregular, en particular niños no acompañados, y que ayuden a promover el deseo de permanecer en los lugares de origen: servicios básicos, salud, trabajo, educación, acceso de tierras y liderazgo comunitario vinculado a condiciones de vida.
El Comité alimenta a usar “todas las herramientas diplomáticas” para presionar “a actores corruptos”.
De esa cantidad, no menos de $60 millones será para combatir el crimen, la corrupción, la impunidad, promover derechos humanos y responsabilizar a gobiernos socios.
El proyecto incluye asistencia para fiscalías, particularmente unidades dedicadas a lucha contra la corrupción, lavado de dinero, delitos financieros, delitos de derechos humanos, solo si dichas entidades muestran autonomía y si no hay politización o interferencia en estos esfuerzos.
También recomienda asistencia a organizaciones de la sociedad civil para aumentar la supervisión y la transparencia, derechos humanos o investigación sobre personas y actividades corruptas.
Los fondos incluyen $500,000 para programas diplomáticos de la Oficina de Política e Implementación de Sanciones Económicas del Departamento de Estado para aumentar el personal centrado en la región, así como información sobre los avances en la sanción de las personas involucradas en corrupción, abusos contra los derechos humanos y actividades democráticas.
El proyecto de ley indica mantiene la exigencia para el secretario de Estado de considerar individuos involucrados en narcotráfico, financiamiento de campañas con dinero del narcotráfico y otros así como aplicar la restricción de visas.
Al menos $30 millones serán destinados a programas contra la violencia sexual y de género en el Triángulo Norte, para lo cual le exige acuerdos con los gobiernos.