El 22 de julio, el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, solicitó a la Asamblea Legislativa la ratificación de tres préstamos con el BID por $550 millones, para atender la crisis sanitaria y económica por el covid-19 y un programa de sostenibilidad macroeconómica y fiscal.
En el contrato de préstamo por $250 millones, que está próximo a vencerse, el Banco impone “condiciones especiales” para el desembolso.
Se trata del crédito para “Fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria causada por el covid-19”.
“El Banco solo iniciará el desembolso de los recursos correspondientes al único tramo de desembolso, luego de que se hayan cumplido, a satisfacción del Banco los requisitos establecidos”, indica.
El BID pide que el Gobierno ya cuente con la autorización de los $2,000 millones de deuda que avaló la Asamblea Legislativa en marzo pasado, en el decreto legislativo 608.
Agrega, sin embargo, que el Gobierno debe estar “publicando los informes sobre los gastos relacionados con la emergencia de covid-19 previstos en el decreto 606”, una reforma que permitió compras directas al Ejecutivo.
Hasta la fecha, el Gobierno salvadoreño no ha entregado informes de gastos a la Asamblea, especialmente en Agricultura y Obras Públicas.
¿Hay votos?
Ayer trascendió extraoficialmente que la Comisión de Hacienda se reunió, de forma privada, para discutir el préstamo.
El subjefe de fracción de Arena, Julio Fabián, criticó que el Gobierno busque una aprobación acelerada poniendo un límite el 5 de agosto, cuando la solicitud de ratificación se presentó el 22 de julio.
El subjefe de fracción del FMLN, Schafik Handal, reiteró que es necesario que se conozca en que se gastarán los $250 millones, mientras Yanci Urbina, diputada de la Comisión de Hacienda, coincidió en que deben presentar el detalle de los gastos del Ejecutivo.
Para garantizar el desembolso, el BID pide que el Gobierno haya emitido “una norma que mantenga la transparencia en las contrataciones, resoluciones o acuerdos de contratación directa mediante su publicación en el sitio electrónico de compras Comprasal”, después de haber realizado el proceso.
El BID también solicita que la Organización de Estados Americanos (OEA) haya enviado auditores para supervisar las adquisiciones a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Un grupo de 30 auditores llegó el 18 de abril, pero no han emitido informes.