El 8 de junio los diputados de Nuevas Ideas y sus asociados acataron el mandato del presidente de aprobar la Ley Bitcoin, pero a los pocos días el presidente convocó a todos los medios y destruyó su propia ley, al argumentar reiteradamente que no habrá obligatoriedad alguna para hacer y recibir transacciones con bitcoin, es decir, que para pagar o recibir pagos hay absoluta libertad para hacerlo ya sea con dólares o con bitcoin.
Por el contrario, el corazón de esta ley en su Art. 7 dice: “Todo Agente Económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.
El artículo es totalmente imperativo y no deja espacio a nadie para encubrir esa obligatoriedad, si el deudor quiere pagar con bitcoin el acreedor no tiene más alternativa que aceptarlo. Por ejemplo: si el gobierno o una empresa deciden pagar a todos sus empleados con bitcoin la quincena o el mes, ninguno de ellos podrá negarse a recibir el pago. Si compra una gaseosa y quiere pegarla con sus bitcoins (en realidad es con Satoshi, que valen la cienmillonésima parte de un bitcoin), la dueña de la tienda no tiene más alternativa que aceptar, no puede decir “solo se aceptan dólares”, pues violaría esta ley.
La verdad es que el artículo 7 de la ley Bitcoin, no solo es inconstitucional, pues contradice lo establecido en el art. 23 Cn. que dice:“ Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley”, sino que, si se mantiene, seguramente va a generar un caos monetario, pues lo lógico es que los empleados, al recibir bitcoins (moneda muy variable) tratarán de cambiar lo más pronto posible a dólares (moneda más estable y usable) y además, querrán evitar el cargo que Strike (la empresa que maneja el bitcoin en el país) cobra por cada transacción; pero ni las máquinas de cambio (ATM) del bitcoin ni los bancos tienen la capacidad de responder a los miles de empleados corriendo el día de pago y los siguientes para convertir bitcoins a dólares y al mismo tiempo, manejar las inmensas colas que caracterizan la escasez del producto dólar y la indignación popular cuando las ATM-Bitcoin y los bancos agoten su provisión de dólares; a lo que hay que añadir que los bancos se verán anegados de bitcoins y con dificultades para cubrir las transacciones internacionales económicas y de otros tipos que solo pueden hacerse en dólares.
La maniobra del presidente de borrar lo que el Art. 7 ordena, afirmando lo contrario, es claramente ilegal, pues mientras no se reforme la ley no tiene otra alternativa más que obedecerla, si no lo hace comete delito y al hacerlo públicamente puede constituir una incitación a que la ciudadanía a violar la ley.
Sin embargo, la conducta del presidente puede entenderse como respuesta a la reacción de la mayoría de la población ante la iniciativa del gobernante; se trata del primer rechazo público de la mayoría de la ciudadanía a una decisión del gobierno actual, llegando al extremo de que ciudadanos que expresan simpatía por el presidente, explícitamente declaran su rechazo a la imposición del Bitcoin.
¿Se trata de una simple reacción inmediata dirigida a calmar a la gente, esperar que pase la tormenta, pero con la decisión de hacer valer el Artículo 7? o ¿es el inicio de una reconsideración seria del error cometido y corregirlo con una seria reforma a la ley?, este segundo camino sería el de un gobierno democrático; el primero sería un ejemplo más de irrespeto al pueblo, a la responsabilidad y dignidad del cargo que ocupa y una violación más a la ley.