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Desde este lunes los indocumentados que no representen "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, no serán deportados debido a la entrada en vigencia de las nuevas directrices del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta nueva disposición del gobierno de Joe Biden, entra en vigor tras ser aprobado por la Cámara de Representantes el proyecto de gasto social, de $1,700 millones, donde se incluye asistencia para los migrantes.
"El hecho de que un individuo sea indocumentado no debe ser por sí solo la base para aplicar la ley en su contra", indicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado el pasado 30 de septiembre al anunciar el cambio.
Con esta nueva normativa los agentes del ICE deberán realizar una evaluación si las personas han cometido delitos de gravedad en el pasado y el nivel de daños causados si fuera el caso. Además, se estipula que el ICE descarte detenciones, así como deportaciones a trabajadores agrícolas y otros migrantes sin antecedentes criminales.
"Porque si perseguimos a ese individuo, no estaremos gastando esos mismos recursos en alguien que, de hecho, amenaza nuestra seguridad. Y de eso se trata", dijo Mayorkas en una entrevista.
A pesar que este proyecto llegará al Senado esta semana, la oposición de la asesora del Senado ha impedido que se apruebe la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados.