La violencia sexual es una más de la larga lista de pesadillas que nuestra niñez tiene que soportar. Ser niño o niña en El Salvador, en este país que se precia de defender la vida de los indefensos, es mucho peor que un mal sueño. En nuestro país habitan un poco más de dos millones de niñas, niños y adolescentes, de esta población uno de cada tres están fuera de la escuela; el 6.8 % tienen que trabajar, incluso en condiciones que amenazan su integridad; más de la tercera parte vive sin alguno o sin ambos progenitores, ya sea por abandono, migración o muerte. Además, el 21 % de los recién nacidos tiene una madre con edad entre 10 y 19 años, sí, somos de esos países que obligan a las niñas a ser madres; el 19.8 % de los recién nacidos no recibe su esquema de vacunación completo; más de la mitad de los hogares (50.3 %) con niños y niñas menores de tres años se encuentra en situación de pobreza multidimensional; por si fuera poco, somos incapaces de proteger de las maras a los niños, el 64.1 % de pandilleros se unen a la pandilla a los 12 años o antes. Y así podemos seguir enumerando la larga lista de ejemplos de cómo el Estado vulnera los derechos de nuestra niñez.
Todo esto ocurre a pesar de que existe una enorme cantidad de compromisos internacionales, leyes nacionales y políticas públicas, en las que el Estado salvadoreño se ha comprometido a garantizar los derechos de nuestros niños y niñas, muchos de estos compromisos no han pasado del papel y, por el contrario, parece que nuestro país se empeña en ir en dirección contraria y vulnerar sistemáticamente los derechos y el bienestar de la niñez salvadoreña
Una de las principales causas de esta violación sistemática de los derechos de la niñez, es que las buenas intenciones no son acompañadas de los recursos necesarios para cumplirlos.
La Observación general número 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que para que los Estados hagan efectivos los derechos de la niñez, es necesario que cuenten con presupuestos públicos con los recursos suficientes para ese fin, recursos que deben ser utilizados bajo principios de efectividad, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad.
Nuestro país está lejos de cumplir con estos compromisos, El Salvador apenas destina USD2.10 al día para que cada niño o niña goce plenamente sus derechos. Un sinsentido completo cuando recordamos que el sistema de justicia salvadoreño, sí, ese para el que tocar los genitales de una niña no es delito, tiene asegurado un presupuesto equivalente a por lo menos el 6 % de los ingresos corrientes del Estado. Es decir, nuestro presupuesto público asegura los recursos necesarios para mantener un sistema de justicia que incumple con su propósito, pero asigna recursos insuficientes para garantizar los derechos de nuestros niños y niñas.
Las sociedades que más invierten en la niñez son aquellas que presentan mejores indicadores de calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas y presentan entornos más justos, equitativos e incluyentes, por lo que más y mejores inversiones públicas en nuestra niñez debieran ser vistas por el Estado no solamente como una obligación legal y un imperativo ético, sino también como una oportunidad estratégica para que nuestra sociedad avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lograr cambios reales y duraderos requiere que los niños y las niñas estén en el centro de la política pública. También requiere transformar la indignación en propuestas. Propuestas que se traduzcan no solo en cambios legales, sino en cambios en el presupuesto público, para que de una vez por todas se destinen los recursos necesarios para que nuestras niñas y niños gocen plenamente sus derechos. Ojalá esta necesidad impostergable esté presente en la discusión y aprobación del presupuesto público para el 2020. Finalmente, y por si no queda claro: ¡Tocar niñas y niños sí es delito! Y el responsable de garantizar los derechos de las niñas y niños ¡Es el Estado!