González dice que el proyecto no incluye los cinco elementos no negociables que proponen los ambientalistas aunque estos sean enunciados en ciertos artículos de la propuesta.
Sin embargo, el líder social no descarta el proyecto oficial y propone reformas puntuales: eliminar la referencia al desarrollo económico que –asegura– es incompatible con prioridades de consumo humano y conservación de cuenca; y revivir la participación y supervisión ciudadana a los permisos.
¿Por qué es necesaria una ley de agua en el país?
Desde hace 15 años, cuando se presentó la primera propuesta de ley general de agua a la Asamblea Legislativa, un 22 de marzo de 2006, ya había una gran crisis socioambiental e hídrica en el territorio salvadoreño. En estos 15 años esta crisis se ha venido agravando. Somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana, con el agua más contaminada y se va haciendo más grave con el cambio climático en la región.
El promedio del acceso al agua en América Central es 33,000 metros cúbicos por persona al año, datos de hace varios años, en El Salvador son 2,750, muy por debajo, eso asumiendo que toda la población recibe cantidades iguales de agua. La realidad no es así. Parte de la necesidad de una ley de agua es la inequitativa distribución del agua en El Salvador. El tema tarifario, hay comunidades que reciben agua muy poco y pagan muchísimo por el agua y otra gente que la recibe todo el tiempo y paga los $0.20 por metro cúbico que cobra ANDA –Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Este proceso ha sido muy tortuoso. De la primera propuesta hasta que se iniciara la discusión pasaron seis años, en la Asamblea se habían cerrado a que no iban a empezar a discutirlo hasta que el Gobierno presentara su propuesta, el Gobierno presentó su propuesta en 2012. De ahí han pasado tres periodos legislativos y la actual sería el cuarto. En estos 15 años ha habido seis propuestas, varias privatizadoras, otras del movimiento social, dos propuestas gubernamentales y dos de la institucionalidad del agua, una de la Universidad de El Salvador y otra de la UCA –Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Entonces, ha habido mucho debate. ¿Por qué no se ha aprobado a pesar de la magnitud de la crisis?, porque ha habido fuertes intereses económicos, hay sectores que históricamente se han aprovechado de la falta de regulación para mercantilizar este bien natural o utilizarlo de manera ilegal.
Una ley general de agua en este país no es para promover el desarrollo económico, es para proteger el ecosistema, las comunidades”.
¿Qué sectores?
Uno el sector agroindustrial, el 70 % del agua del país se utiliza para riego, por ejemplo, el monocultivo de la caña de azúcar. Según datos del MAG –Ministerio de Agricultura y Ganadería–, hay entre 110,000 y 120,000 manzanas de caña de azúcar, de estas 52,000 en la zona costero marina. Según estudios de la UNES, por hectárea de cultivo se pueden utilizar 5,000 metros cúbicos por temporada de agua...
¿De dónde sale esta agua?
Del acuífero, de los ríos. Para el tema agrícola, hay una ley de riego y avenamiento, que manda que el MAG tiene que dar permiso para hacer riego, pero esta ley no se cumple a cabalidad. Por ejemplo, yo MAG te doy permiso para que extraigas 20 litros por segundo de un río o un acuífero pero el reglamento plantea que tiene que tener un medidor, me atrevería a decir que nadie tiene medidor y aunque lo tuvieran no hay capacidad estatal para darle seguimiento y comprobar cuánta agua sacan.
¿Cuáles son los otros dos sectores que tienen interés?
El segundo es el urbanizador, la lógica de su funcionamiento es hacer una nueva colonia y una estructura de agua llamada mecanismo descentralizado o autogestionado. Hacen el pozo, empiezan a distribuir el agua a la colonia. Cuando no es mucho funcional, es una directiva, cuando es un buen negocio se quedan manejándolo y pueden cobrar facturas de $20, $15, muy por encima de lo que puede probar ANDA. No está regulado. Sacan esa agua y no le pagan un cinco a nadie.
Y un tercer sector es el sector industrial que utiliza el agua a granel, es decir, para hacer bebidas carbonatadas, para venderla embotellada, para hacer bebidas embriagantes, extraen agua en grandes cantidades pagando muchísimo menos a lo que puede pagar alguien para el consumo humano doméstico. Probablemente tienen un medidor pero ellos reportan a ANDA cuánto sacan.
Tenemos toda la buena voluntad de aportar, dar insumos técnicos, para hacer una buena ley. Si se retoma la propuesta que presentamos, se puede tener una buena ley con la participación de todos los sectores”.
¿Cuál sería la afectación que tendrían estos sectores en un sistema bien regulado?
Que tendrían que pagar más o tendrían que utilizar menos. Nosotros manejamos cinco elementos infaltables en una ley general de agua. El primero es el agua como un bien público, es un bien común y no puede ser sujeto a privatización. Un segundo elemento es la gestión pública del agua con participación ciudadana El ente rector debe ser el Estado, con participación ciudadana de diferentes sectores. Un tercer elemento, el reconocimiento del derecho humano al agua, lo que pasa por dar prioridad al uso del consumo humano doméstico y mantenimiento del ecosistema. Un cuarto elemento es la visión sustentable de la cuenca porque el agua no nace del chorro sino en el ecosistema, por lo que hay que protegerlo. Y un último elemento es un régimen equitativo y justo. Actualmente en El Salvador el agua de mejor calidad la tienen las industrias y la de peor calidad, de difícil acceso y más cara la tiene la gente, ¿cómo debería funcionar?, primero, tener un balance hídrico y saber cuál es la disponibilidad de agua que tengo, eso se determina sabiendo cuándo llueve y cuáles son los usos consuntivos o no consuntivos.
¿Usos consultivos se refiere a consumo?
Sí, y no consuntivos de paso, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, ocupan el agua pero solo de paso, o hay un tipo de industria que utilizan el agua para teñir camisetas y la van a regresar pero contaminada, entonces, tienen que tener una planta depuradora. En esta cuenca, yo dispongo de tanta agua porque cae en lluvia 500,000 metros cúbicos de agua, pero como somos un país deforestado, el segundo más deforestado del continente, lo que se infiltra solo es la mitad, 250,000 metros cúbicos. ¿Cuál es mi uso prioritario?, consumo humano doméstico, ¿con cuánta cantidad de agua resuelvo el consumo humano doméstico?, con 100,000 metros cúbicos, me quedan solo 150,000, ¿cuál sería el siguiente uso?, el mantenimiento de ecosistemas, que haya un caudal mínimo para que el sistema se mantenga, son 50,000 metros cúbicos. Me quedan 100,000, sigamos viendo prioridades: agua para riego, tanto para maíz y frijol, tanto para caña de azúcar, tanto para piscinas, tanto para los carwash. Ahí voy dividiendo. Obviamente no va a alcanzar agua para todos en algunas cuencas. Si la caña de azúcar estaba acostumbrada a recibir de manera ilimitada agua, porque no le pedía permiso a nadie, hoy va a tener que reducir su consumo, hoy va a tener que pagar su consumo.
¿Agua para todos no se puede?
No. En un país como el nuestro, se tiene que priorizar. La cantidad de agua no alcanza para las demandas de la población. Por eso es que hay familias que no tienen agua. Por eso, quien subsidia que haya empresas que tienen agua todo el tiempo son las comunidades o familias que no tienen agua.
¿Estos cinco puntos están incluidos en la propuesta del Gobierno?
No.
El artículo 61 yo lo cambiaría. Plantearía que hubiera claridad en el sistema. Partiendo de eso, estableciendo prioridades de uso, siendo el consumo humano doméstico la prioridad”.
¿Ninguno?
Ninguno. A nivel de enunciado se puede referir a derecho humano al agua, no se va a privatizar, el agua es un bien público, el problema es que si esto no se desarrolla, no está incluido. Si yo digo que va a haber derecho humano al agua pero no desarrollo cómo voy a hacer esto, o es una mentira o letra muerta. Si planteo va a haber participación, pero las instancias de participación ciudadana se eliminan de la propuesta gubernamental, en propuestas del movimiento se planteaba un Consejo Nacional de Agua, comité asesor, un espacio colegiado por todos los sectores de la sociedad civil que tenían vinculación con el agua que no decidía pero sí fiscalizaba, podía dar opinión aunque no fuera vinculante. Esto lo eliminan.
Pero en la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) propuesta por el Gobierno hay un representante de la sociedad civil.
Sí, pero puesto por el presidente de la República. Se plantea que sea conformada por 11 personas, pero se dice que se pueden hacer las reuniones con seis personas y el presidente de la ASA tiene voto doble, ni siquiera se plantean qué van a hacer los ministros, nombrados por el presidente. Lo que miramos es que hay una estructura verticalista en la toma de decisiones. En nuestras propuestas hablábamos de que tienen que haber inspectorías del agua, una dirección de monitoreo, todo eso se elimina. En nuestra propuesta hablábamos de organismos zonales de cuenca, es decir, estructuras territoriales donde se pueda tomar decisión con participación ciudadana a nivel local. En un país pequeño, con la crisis que tenemos, es necesario saber la realidad del territorio, tiene que haber direcciones territoriales que pudieran hacer vigilancia, seguimiento de permisos, procesos, autorizaciones, también se elimina. Entonces, lo que tenemos es una estructura que es casi como un cascarón pero no tiene nada que lo componga. ¿Cómo es posible que se hable de derecho humano al agua cuando pretendemos privatizar el agua dando autorizaciones a privados de 15 o 30 años?
¿Esas autorizaciones son concesiones?
Es que una ley no tiene que decir privatización para que sea privatización. Para nosotros las concesiones son una forma de privatización. Hay otras figuras en el cual un bien común se le da a un privado para que lo utilice por larga data. Sin decir las prioridades, se está hablando de que se le puede dar una autorización a un privado por 15 años renovables por cantidades superiores a los 473,040 metros cúbicos, lo cual es un montón de agua en un país con crisis. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la garantía de agua por persona debería ser 100 litros diarios, en una familia de 5 personas son 500 litros, 15 metros cúbicos mensuales por familia que es lo que en teoría da ANDA mensual. Con estos 473,040 metros cúbicos anuales se le podría dar agua a 2,628 familias en un año, garantizándoles 15 metros cúbicos en un país donde un montón de familias no reciben agua.
¿La ley no establece un límite?
No. Establece una base. Es preocupante porque no establece los usos. Entonces yo puedo pedir permiso para embotellarla, para hacer cerveza y nos preocupa realidades como la de Chile donde se vende a terceros y nos preocupa que no se establece cómo se va a fiscalizar. ¿Qué va a ocurrir con estas autorizaciones y que además no va a haber monitoreo?
¿Es una ley que no regula?
Es una ley que privatiza lo que ya está de hecho. Aquí hay mucha gente que de manera privada utiliza el agua, aquí vendrían a legalizar el despojo.
Todos los sectores deben participar (en discusión), juntas de agua, consumidores, las organizaciones, los sectores privados”.
Ahora, ¿cómo equilibrar la necesidad del agua y la necesidad de empleo, de desarrollo económico, de no matar a la empresa?
Claro, yo creo que tiene que ser una gestión eficiente. Hay muchos planteamientos del uso eficiente de los recursos ambientales. Por ejemplo, la caña de azúcar genera varios impactos ambientales, uso del suelo, se genera tala, quemas, el uso oneroso de agua, el uso de agrotóxicos, principalmente el Glifosato, que ha sido prohibido en Europa. ¿Es necesario? No. Se pueden utilizar métodos más eficientes, el punto es cómo equilibramos. Yo lo hablaba ayer con unas personas, ¿cómo no afectamos también el trabajo? Y yo decía: aquí mucho del conflicto o de la problemática del cultivo de la caña es con el productor pero he hablado con cooperativas de productores y me dicen: pero es que, mirá, si no lo hacemos así no nos queda ningún tipo de ganancia.
¿Es más barato?
Exactamente. Si lo hicieran de una manera más ambientalmente responsable sería un poco más costoso. Pero lo que pasa es que si nos dieran más ganancias los ingenios, me dice, 'vamos con la caña al ingenio y nos pagan el azúcar pero no nos pagan la producción de melaza, el bagazo'. Hay una ley que protege al sector azucarero, principalmente a los ingenios, donde hay un oligopolio, que hace que los ingenios se queden con la mayoría de la riqueza que hacen que compremos el azúcar cara.
Protegen la producción de azúcar.
Digamos, en un sentido, pero no al productor, a un grupo de oligarcas, que son los que se quedan con la riqueza. Si esta riqueza se distribuye equitativamente se pudiera hacer una producción más sana. Habría que ver cómo invierten ellos en potabilizar. Pero hoy tenemos crisis del agua. Es nefasto que a una empresa que está sacando agua de un acuífero de buena calidad no se le diga nada pero a las poblaciones de Ilopango, Soyapango y San Martín se les quiera tomar el agua del lago de Ilopango, que ya el Ministerio de Medio Ambiente dijo que está apta para consumo agua. Obviamente va a haber una afectación.
¿Debe participar el sector privado en la discusión de la ley del agua?
Todos los sectores deben participar, las juntas de agua, los consumidores, las organizaciones de mujeres, los indígenas y también los sectores privados. Nos oponemos a que el sector privado sea parte de la junta directiva o del ente rector que toma las decisiones.
¿Eso sí está bien en el proyecto de ley del Gobierno?
Sí. Esa parte retoma esa demanda. No están privados. Sería como poner a los lobos a cuidar las gallinas, no tiene sentido.
¿Es modificable el proyecto del Gobierno?, ¿qué artículos modificaría?
El artículo 61 yo lo cambiaría. Plantearía que hubiera claridad del balance hídrico en cada una de las cuencas y partiendo de eso estableciendo las prioridades de uso, siendo el consumo humano doméstico la prioridad, mantenimiento de ecosistemas.
Eso lo dice el proyecto, que el consumo humano es la prioridad.
Sí, pero no lo desarrolla. Mencionan a las juntas de agua, ANDA solo brinda el servicio al 65 % de la población principalmente en zonas urbanas, en lo rural son juntas de agua, hay más de 1,300 juntas de agua a nivel nacional que le dan el servicio, no son mencionadas, serían sujetos a pedir permiso como privados. En una estructura tan vertical, nombrada por el presidente, es casi como que él decida a quién le va a dar agua y a quién no. Entonces, ¿qué nos garantiza que le va a dar agua a las juntas de agua para que satisfagan el consumo de agua doméstico? Por eso es importante la participación ciudadana y que haya controles.
Retomamos lo que dijo el presidente. Como movimiento social y ambiental, no nos oponemos a la discusión de la ley de agua, no queremos entorpecerla, queremos aportar, nos urge tener una ley de agua pero no cualquier ley sino una ley que aporte a la población y a los ecosistemas. Tenemos toda la buena voluntad de aportar, dar insumos técnicos, para hacer una buena ley. Si se retoma la propuesta que presentamos el 14 de junio, creo que se puede tener una buena ley pero con la participación de todos los sectores.
¿Qué otras modificaciones le haría al proyecto del Gobierno?
En el objeto de la ley, ponen "y promover el desarrollo económico". Una ley general de agua en este país no es para promover el desarrollo económico, es para proteger el ecosistema, las comunidades, porque tenemos crisis de agua, lo que menos podemos pensar es que sea para promover el desarrollo económico. Por haberlo hecho así históricamente es que tenemos crisis porque hemos desarrollado un modelo donde la prioridad es el desarrollo económico. Hay que agregar cosas, usos del agua, organismos zonales de cuenca, el Consejo nacional del agua, el el tribunal de apelaciones, mecanismos de monitoreo y seguimiento de permisos, que haya inspectorías, una Dirección de Planificación Hídrica, de manera que haya una estructura que le den soporte a la ley.
El perfil
Luis González, director incidencia de UNES
Cargo actual: director de Incidencia y Gestión de Politicas Publicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UES).
Nació: 22 de mayo de 1982, hijo de padre sindicalista y de madre que integró al movimiento religioso franciscano.
Profesión: abogado.
Especialización: derechos humanos y derecho ambiental.
Experiencia: Su primer aporte fue trabajar la primera propuesta de Ley General de Agua.