La fiscalía llegó ayer al Ministerio de Hacienda a incautar documentos. / Óscar Machón
La Fiscalía General de la República allanó ayer a almenos 20 oficinas estatales, entre ellas el Ministerio de Salud, en la que se verifican las compras que el Gobierno hizo durante la crisis por la pandemia del covid-19 en El Salvador.
El director de la Unidad Anticorrupción, Germán Arriaza, dijo que “la finalidad es recolectar toda documentación, toda información, soportes informáticos que permitan establecer circunstancias relacionadas con el manejo de la emergencia en nuestro país”.
Además, Arriaza agregó que hasta ayer se realizban “un poco más de 20 procedimientos en distintas instituciones que se están llevando a cabo siempre con la misma finalidad”.
La prensa cuestionó sobre qué otras instituciones estaban siendo allanadas, “hay diversas instituciones que quizá por el momento en el que estamos ejecutando este procedimiento no es conveniente citarlas porque hay algunos que están en proceso de ingreso”, respondió Arriaza.
Diario El Mundo confirmó presencia de fiscales en el Ministerio de Hacienda y extraoficialmente se confirmaron allanamientos en los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura.
El allanamiento empezó a eso de las 9:00 de la mañana en el Minsal. / Óscar Romero
¿Por qué?.
En junio del presente año, el Fiscal General, Raúl Melara, anunció que abrió una investigación sobre la compra de protectores faciales que hizo Salud por un monto de $250,000 a una empresa del entonces presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar. Esto tras conocer la publicación de la plataforma de periodismo colaborativo Salud con Lupa.
“Hemos abierto investigaciones en torno a noticias de negociaciones entre funcionarios y el Estado, es nuestra obligación legal hacerla”, escribió en la cuenta oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 29 de junio.
Ante esa situación, el presidente Nayib Bukele separó del cargo a Jorge Aguilar, por “una posible violacion a la Ley de Ética”.
Sobre ello, el ministro de Salud, Francisco Alabí, fue cuestionado en una entrevista televisiva, y respondió: “Los procesos de compras ya están establecidos, no los maneja una parte específica del ministerio, hay una área designada para la evaluación”.
Sin embargo, ese mismo mes, el periódico digital El Faro publicó que Salud compró 800,000 mascarillas a una empresa del diputado Gustavo Escalante y su familia, lo que significó un monto de $344 mil. Otra compra de mascarillas fue cuestionada por los reportes periodísticos, que señalaron al ministerio de comprar mascarillas a un precio de $3 millones, a una empresa en Miami, Florida.
Anoche, los fiscales aún permanecían en el Minsal. / Óscar Machón
En otro de los casos, según un reporte periodístico publicado por la Revista Gatoencerrado, el ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó una compra de botas de hule para el personal de salud por un monto de $225 mil a una empresa de sus familiares.
A las adquisiciones cuestionadas, se agrega la remodelación del despacho del ministro Alabí, la cual tendría un costo mayor a $18 mil dólares según El Diario de Hoy, publicación que generó polémica por la supuesta adquisición de una estación de café valorada en $1,299 y una mesa de reuniones con un valor de $4,548.
Anoche, los fiscales seguían en el Ministerio de Salud incautando documentos.
Compras cuestionadas
Investigaciones periodísticas señalaron un supuesto mal manejo de los fondos destinados al covid-19.
- Paquetes alimentarios.
La Corte de Cuentas está auditando la compra de los paquetes alimentarios al Ministerio de Agricultura, pidieron presupuesto y más de 20 tipos de informes.
Una publicación periodística indicó que el Ministerio de Salud compró caretas a empresa del presidente de Fonaes por $250,000.
Otra investigación periodística reveló que el Minsal compró que mascarillas a empresa del diputado Gustavo Escalante por $344,000.
El Ministerio de Salud compró botas para médicos y enfermeras a empresa de la familia del ministro Alabí por $225,000.
- Despacho
Fue cuestionada la remodelación del despacho ministerial y la supuesta compra de una estación de café por $1,299.