El fiscal general Raúl Melara presentó la iniciativa de ley ante la Asamblea legislativa este lunes.


Una propuesta de ley especial para evitar tráfico de personas en El Salvador fue presentada por el fiscal general de la República, Raúl Melara, ante la Asamblea Legislativa este lunes.

Segun explicó Melara, la propuesta es importante porque se atacará al crimen organizado a nivel nacional e internacional, se dará protección a víctimas y se aumentará la pena máxima hasta 12 años de prisión por el delito de tráfico ilegal de personas.
Hay muchas personas que de manera inescrupulosa están traficando con el dolor de la gente, se están lucrando de otras personas que de manera desesperada buscan migrar hacia otras tierras y es por eso importante tener un cuerpo normativo que no solo pueda atacar a estas personas, al crimen organizado a nivel nacional e internacional, sino que también genere condiciones de coordinación". Raúl Melara, fiscal general.

El proyecto presentado a la Asamblea Legislativa tiene el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Código Penal de El Salvador incluye el delito de tráfico ilegal de personas en su artículo 367-A, que estipula una pena máxima de ocho años de prisión.

“El que por sí o por medio de otra u otras personas, con el propósito de evadir controles migratorios del país u otros países transporte, traslade, albergue, guíe, intente introducir o introduzca personas extranjeras en tránsito o con destino a El Salvador u otro país, será sancionado con prisión de ocho a doce años”, señala la propuesta.

Según Melara, la legislación actual "es insuficiente para afrontar las estructuras del crimen organizado".
Es necesaria una legislación que permita al país perseguir a los criminales que engañan y se lucran de poblaciones vulnerables en la región”. agregó.

Según la Fiscalía, la ley especial dotará de más herramientas legales para perseguir a los traficantes y despojar de los bienes ilícitos provenientes del tráfico ilegal de personas.

Además, buscará promover la protección de los derechos de las personas que han sido objeto del tráfico ilegal de personas, por medio de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y familia.