Las organizaciones consideran que se ha cometido delito al impedir el ingreso al juez, a los archivos militares. / Cortesía.
La Fiscalía General de la República, sede La Sultana, recibió un segundo aviso para que investigue el cometimiento de posibles delitos, luego que la Fuerza Armada impidiera la inspección de archivos militarse en el Estado Mayor Conjunto, para investigar la masacre de El Mozote.
El segundo aviso fue presentado por las organizaciones que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo pro Memoria Histórica.
Según las organizaciones, el bloqueo al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, habría incurrido en los delitos de:
- Actos arbitrarios
- Incumplimiento de Deberes
- Desobediencia
- Encubrimiento
- Supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos
Además, señalan que afecta los derechos humanos de las víctimas, negándoles el acceso a sus derechos de verdad, justicia y reparación.
El pasado lunes 28 de septiembre, el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) presentó un aviso penal a la fiscalía, para que también investigue el posible cometimiento de delitos en el bloqueo al juez.
Ese día, el subdirector del Idhuca, Manuel Escalante, planteó que se pudo haber incurrido en los delitos de:
- Supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos
- Actos arbitrarios
- Omisión de aviso
El Idhuca parte de las declaraciones vertidas por el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cadena nacional, el pasado 24 de septiembre, cuando señaló que la mayoría de los archivos no están en el Estado Mayor de la Fuerza Armada y que los pocos encontrados, los desclasificó y enviará al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán.
El pasado 21 de septiembre, el coronel Carlos Vanegas informó al juez Guzmán que no permitiría el ingreso a los archivos militares, debido al artículo 168 de la Constitución de la República, que establece que los planes militares son secretos.
El juez Guzmán argumentó al coronel Vanegas que la Ley de Acceso a la Información Pública señalaba que los planes militares pierde su reserva, cuando se investigan delitos de lesa humanidad.
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En el juicio por la masacre del caserío El Mozote se procesa a una veintena de jefes militares de la época por 12 delitos contemplados en el Código Penal derogado, pero vigente cuando se cometió la matanza:
- Asesinato
- Violación agravada
- Privación de libertad agravada
- Violación de morada
- Robo
- Daños agravados
- Estragos especialmente sancionados
- Actos de terrorismo
- Actos preparatorios del terrorismo
- Tortura
- Desaparición forzada de personas
- Desplazamiento forzado
Los últimos tres delitos mencionados constituyen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra conforme al derecho penal internacional.