El estudio dirigido por la consultora internacional en temas de violencia, Jeannette Aguilar, indica que las pandillas son los principales involucrados en las desapariciones de personas, a las que se suman agentes policiales, miembros del Ejército, grupos de exterminio y particulares, que perpetran estos hechos por problemas familiares y vecinos; amenazas o ajuste de cuentas.
Aguilar explicó que la investigación surgió porque la desaparición de personas emerge como una nueva expresión delictiva estimulada por la impunidad y la falta de respuesta del Estado al fenómeno, en donde los delincuentes ponderan los bajos costos y los enormes beneficios; además, los móviles del fenómeno muestran variaciones en función de la condición de género de la mujer.
“En los casos analizados en mujeres estos hechos han sido propiciados por sus parejas o personas cercanas a su entorno familiar, que concluye con la desaparición y su muerte”, detalló Aguilar.
Casos reales.
La investigación se enfoca entre 2014 y 2019, basada en 30 entrevistas estructuradas formulada a funcionarios del Estado, defensores de derechos humanos y familiares de desaparecidos; el referente fue el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por Violencia en El Salvador (Cofadevi).
Con ellos “verificamos que la problemática tiene una presencia real y concreta, y que en el país ha sido muy poco analizada desde la academia”, afirmó el director ejecutivo de Fespad, Saúl Bolaños.
Señaló que luego de finalizado el conflicto armado en el país, las desapariciones forzadas terminaron, pero diez años después, en 2003, las autoridades registran una nueva ola de desapariciones de personas. Las autoridades muy poco le prestaron atención.
La consultora Aguilar explicó que estos hechos surgen como una forma de generar impunidad en el marco de los planes Mano Dura, en respuesta a la intensa persecución pandillera y que les resultó eficaz de matar a la víctima y enterrarlas clandestinamente y así garantizarse un alto margen de impunidad; la cual evolucionó como herramienta eficaz para instaurar terror y ejercer control mediante el miedo en las comunidades donde tienen presencia.
El estudio afirma que el fenómeno escaló y se desatendió y negar el problema mantiene la preocupación por las altas cifras de los últimos años. “Esa desatención y negación de la problemática es lo que tiene en estos días tan preocupada a la sociedad porque en 2019 y 2020 las cifras de desaparecidos superan a las cifras de personas asesinadas en El Salvador”, subrayó Bolaños.
De ahí que los organizadores del estudio apelan a una corresponsabilidad de las instituciones estatales para que cumplan con sus obligaciones de brindar seguridad a la población, y se elimine los actos de desaparición de personas, y en los casos que no se puedan evitar, se tenga la voluntad de buscar a las víctimas, identificar sus restos, investigar y castigar a sus perpetradores, así como reparar el daño ocasionado a su familiares.