El 22 de mayo, el organismo internacional concluyó la Consulta del Artículo IV con El Salvador, una revisión periódica del desempeño económico que realiza con todos sus países miembro. Luego de analizar la información recopilada por la misión que estuvo en el país en marzo, el Directorio Ejecutivo del FMI publicó ayer su informe final.
Al término de 2018, recordó el FMI, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF, que incluye al Gobierno y las empresas públicas no financieras) representó cerca del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB), un indicador que mide cuánto se produjo en bienes y servicios dentro del territorio nacional.
“Una deuda pública cercana al 70 % del PIB es alta, es cara de refinanciar y deja poco margen para costear nuevas iniciativas, a menos que se implementen medidas estructurales”, señaló el Fondo. “(La deuda) se mantiene como la principal vulnerabilidad de la economía”, añadió.
El ajuste fiscal
Si bien el Fondo reconoció que el Gobierno avanzó en la consolidación fiscal y se lograron aprobar normativas como la ley de responsabilidad fiscal (LRF), el peso de la deuda pública sigue siendo importante.
Además de representar casi el 70 % del PIB, en 2018 el aumento en el pago de intereses aumentó levemente el déficit fiscal -que aparece cuando los gastos públicos superan a los ingresos-, cuando había logrado reducirse en 2017.
Frente al alto nivel de deuda pública y las elevadas necesidades de financiamiento, el directorio del Fondo respaldó las recomendaciones de su misión técnica y consideró necesario que el país implemente un ajuste fiscal de 1.9% del PIB entre 2019 y 2020.
Este ajuste, continuó el organismo, se lograría con una receta que combina aumento de ingresos y con reducción de gastos. Pero estas medidas deberán “calibrarse de una manera amigable al crecimiento que no afecte adversamente los resultados sociales”, aclaró.
La receta del FMI
Por el lado de los ingresos, el FMI recomienda avanzar en la implementación de la factura electrónica, también en la introducción de un sistema tributario simplificado para pequeños negocios y en la aplicación de un impuesto especial para bienes de lujo.
El Fondo además insiste en incrementar la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), aunque esta vez el aumento es menor al que propuso en los últimos dos años. Ahora sugiere llevarla del vigente 13 % a14.5 %, ya no el 15 %.
Por el lado del gasto público, considera que el Gobierno puede contener el peso de los salarios públicos a través del congelamiento de plazas y facilitando la jubilación de algunos empleados. También contribuiría una pronta aprobación de la reforma a la ley del servicio civil.
Otras medidas incluyen la adopción de la “subasta inversa” en todas las compras de bienes y servicios de las instituciones públicas. Esta herramienta ya está disponible en la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros) y algunas entidades gubernamentales han hecho uso de ella.
Pero este ajuste no es suficiente. El Fondo advirtió que se necesitan pasos adicionales ante los desafíos fiscales del mediano plazo. Por ello recomendó una reforma fiscal que elimine las distorsiones generadas por las medidas cortoplacistas del pasado y para aumentar la base de contribuyentes. “Además, cualquier iniciativa del sector público debe identificar fuentes de financiamiento para evitar el empeoramiento de la dinámica de la deuda pública”, indicó.
