Lastimosamente, la corrupción se ha convertido en parte del ADN del sistema político y económico de nuestros países. Y en buena medida es porque la hemos normalizado. Es normal que quien gane los contratos para la construcción de obras o para ser proveedores de insumos sea quien financió alguna campaña política. Es normal que el Estado tenga que pagar más por una pastilla, una resma de papel, un vehículo o una carretera porque algún funcionario fue sobornado para ello. Es normal que los funcionarios públicos contraten a sus familiares para que sean empleados públicos, llegando incluso a aducir que hay nepotismo bueno. Es normal que se creen mecanismos para que los funcionarios reciban más salario de lo que por ley deberían de estar recibiendo. Es normal evadir el pago de impuestos, porque se tienen los contactos necesarios para ello. Es normal aprobar leyes que garanticen los privilegios e impunidad de pequeños grupos. Es normal que si un niño que roba un pan, porque muere de hambre, reciba una mayor pena que un empresario o funcionario que robe millones de dólares, que venían de impuestos, pagados incluso por personas que estaban en situación de pobreza extrema.
Y también es normal que a causa de esto haya personas que mueran porque al momento que fueron a un hospital público no contaban con los insumos adecuados para atenderlos o, que los niños, niñas y jóvenes no puedan asistir a la escuela, porque no hay dinero suficiente para la educación. Porque sí, la corrupción mata, viola derechos, aumenta la desigualdad, socava la democracia y pone en riesgo el propio desarrollo. Debe tenerse claridad que con discursos bonitos no se resuelven los problemas de corrupción, sino que será necesario acciones concretas.
Por ejemplo, garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. En el caso particular de El Salvador, el mecanismo utilizado por diferentes administraciones fue usar la partida de gastos reservados o conocida popularmente como partida secreta. Para el presupuesto de 2020, esa partida ya no aparece, lo cual es bueno; sin embargo, el Ejecutivo está pidiendo que por ley todos los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado sean considerados reservados, lo cual sería un despropósito y un claro acto de opacidad.
Se debe asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas. Si una persona aceptó el cargo de ser funcionario sepa que su salario no cae del cielo, sino proviene de impuestos que paga toda la población a la que debe rendirle cuentas sobre su trabajo; por ello debe garantizarse el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales, para evitar casos como por el que tuvo que renunciar el expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es fundamental facilitar la participación ciudadana, mediante el impulso de espacios de colaboración entre administración pública y sociedad civil, particularmente en todas las etapas del ciclo presupuestario. Se debe mejorar y modernizar la institucionalidad pública encargada de promover la transparencia y el combate a la corrupción; por cierto, en El Salvador, en estos momentos, ¿cuál es la institución pública encargada de ello? Y también algo fundamental es reconocer la responsabilidad del sector privado en actos de corrupción.
Ha llegado el momento que como sociedad nos quitemos la venda y nos veamos frente al espejo, y nos avergoncemos del reflejo que observamos. Basta de justificar actos de corrupción. Basta de conformarse que el corrupto de tu preferencia es menos corrupto que el de la oposición. Basta de aceptar tener funcionarios incompetentes, cuyo único objetivo de estar en el Estado es enriquecerse. Basta de que los espejos nos reflejen que somos cómplices de la corrupción, porque con nuestro silencio normalizamos que nos roben nuestro dinero, que destruyan nuestras oportunidades y violen nuestros derechos. Porque si ya perdimos tanto, perdamos también el miedo de seguir tolerando la corrupción.