Clément Voule, relator especial de la ONU sobre la libertad sindical; Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos. Fotografías: Civilis Derechos Humanos y Resumen Latinoamericano.
Dos altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraron su consternación por la inminente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador que impone penas de prisión a agentes extranjeros o financiados por extranjeros que el Gobierno considere contravengan el orden público, la seguridad nacional o la soberanía del Estado.
Este miércoles, Clément Voule, relator especial de la ONU sobre la libertad sindical y reunión pacífica, pidió a la Asamblea Legislativa salvadoreña abstenerse de aprobar la ley y anunció que se contactará con el Gobierno salvadoreño para expresar su preocupación.
Estoy recibiendo información sobre un nuevo proyecto de Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador que busca imponer severas restricciones a las asociaciones. Me pondré en contacto con el Gobierno para plantear mi seria preocupación por el proyecto y ofrecer asistencia técnica. Mientras tanto, pido al Congreso que se abstenga de aprobar la ley propuesta”. Clément Voule, relator especial de la ONU sobre la libertad sindical y reunión pacífica.
Voule, quien antes dirigió el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) para apoyar a los defensores de los derechos humanos de los Estados en transición, expresó que este tipo de leyes no puede ser adoptada "en un procedimiento sumario" y sin "participación significativa" de la sociedad civil.
Por su parte, Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, se sumó a la preocupación alta ante la ley que será aprobada hoy, considerándola una “clara violación de los compromisos internacionales de El Salvador” para cumplir los derechos humanos.
Muy preocupante: la Ley de Agentes Extranjeros que se está tramitando por la vía rápida en El Salvador. Al parecer, incluiría un impuesto del 40 % sobre la financiación extranjera, cierre de organizaciones por infracciones y de 2 a 5 años de prisión por ‘actividades contra el interés nacional’. Esto supondría una clara violación de los compromisos internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos”. Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos.
Las penas impuestas a iniciativa del diputado Raúl Chamagua, del partido Nuevas Ideas, fueron inmediatamente apoyadas este martes por el resto de diputados del mismo partido en la Comisión de Relaciones Exteriores. El dictamen favorable será sometido a aprobación en sesión plenaria de este miércoles.
¿En qué consiste la ley salvadoreña de agentes extranjeros?
La ley que será aprobada hoy agregó un artículo 12 que incluye penas entre 2 y 5 años de prisión a personas o representantes de agentes extranjeros que hagan actos “que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero”.
Además, la ley impone un impuesto mensual de 40 % por transacción que deberán ser retenidos por todas las instituciones financieras o por el mismo agente extranjero si paga en criptomonedas, con excepción de las organizaciones sociales o las que donan al Gobierno, alcaldías y comunidades.
Sin embargo, estas organizaciones exceptuadas no están exentas de cumplir la principal obligación del artículo 9: realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país.
Rechazo de organizaciones
Un total de 50 organizaciones salvadoreñas rechazaron la Ley de Agentes Extranjeros en proceso de aprobación en El Salvador y consideran que podría ser usada para controlar a la ciudadanía en su libre ejercicio de asociación.
Jocelyn Nieva, asesora legal senior del Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro (ICNL), aseguró que la ley es “muy diferente” a la estadounidense Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés). “La ley norteamericana no prohíbe ninguna actividad pero la de El Salvador, sí”, expresó.