Un día después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera una demanda de inconstitucionalidad en contra de la convocatoria del Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para la aprobación del crédito de $109 millones para el plan de seguridad y el llamado a la insurrección del presidente Nayib Bukele, el gobierno ha asegurado que acatará la orden emitida.
La Presidencia de la República, a través de un comunicado de prensa, ha indicado que, aunque no comparte la decisión de la Sala debido a que las medidas cautelares que también ordenó “podrían dificultar el efectivo trabajo del Gobierno”, obedecerá el fallo a la espera de la decisión definitiva.
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En ese mismo sentido, insta a la Sala a adaptar la Constitución de la República a la coyuntura del país.
“Exhortamos a la Sala de lo Constitucional a que al pronunciar la sentencia definitiva que corresponda, tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de la seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida en el Consejo de Ministros, por medio de la disposición constitucional relacionada”, dice el comunicado.
El Gobierno también niega estar interfiriendo en el trabajo de otro órgano de Estado y asegura que se mantiene “respetuoso” de la “separación de poderes” y que la convocatoria que realizó el Consejo de Ministros, invocando el artículo 167 numeral 7º de la Constitución de la República, no pretendió “imponer la votación” que le compete a la Asamblea.
Ayer, además de admitir la demanda de inconstitucionalidad, la Sala también impuso una serie de medidas cautelares, entre ellas prohibir que Bukele utilice a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil (PNC) para fines contrarios a la Constitución y anular la convocatoria de sesiones del órgano Legislativo por parte del Gobierno. Además, ordena al ministro de Defensa y al director de la PNC "que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que por Constitución y legalmente están obligados", en una evidente referencia al ingreso de policías y militares el pasado domingo al Salón Azul de la Asamblea Legislativa.
“Aunque el Presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada... no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo (...) Tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para la seguridad personal del Presidente”, aclara la resolución de admisión.