Economías como la salvadoreña resienten con más fuerza los esquemas de cuarentena debido al peso del sector informal donde no se cuenta con esquemas de protección social. / DEM


El Salvador cumplirá este jueves 21 de mayo dos meses de aplicar esquemas de cuarentena. Sin embargo, las medidas adoptadas para contener la pandemia del COVID-19 han comenzado a asfixiar a la economía.

La semana pasada el Ejecutivo reveló que se prepara a reabrir el país, de forma gradual, usando protocolos diseñados para cada industria, empresa e institución, medidas que entraría en vigor a partir del 22 de mayo.

El plan fue conocido junto a la petición de prórroga al decreto de emergencia nacional 593 solicitada por el ministro de Gobernación, Mario Durán, a la Asamblea Legislativa. En la documentación se incluyó el estudio “INCAE Business School, modelo integral para reabrir con seguridad la economía, 9 de mayo de 2020”.

La propuesta es la primera que se conoce oficialmente después de días tensos en la relación Ejecutivo-empresa privada, que llevó a suspender las reuniones para definir los protocolos entre el Ministerio de Trabajo y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estiman que la cuarentena ha paralizado a 1.3 millones de empleos, mientras que la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) alerta que 350,000 empleos formales están en riesgo de perderse, situación que se agravó con la entrada en vigor de la cuarentena especial que redujo más la actividad.

El plan del INCAE propone una reactivación gradual la cual “será consistente con la capacidad instalada del Gobierno para atender las necesidades de salud, proteger a poblaciones vulnerables y mitigar los eventuales brotes que se produzcan”, pero insiste que dependerá de la capacidad de las empresas para evitar contagios, detectar casos y focos de riesgo a tiempo.

Añade que todo se haría bajo un enfoque de “riesgo de contagio” por sector, el impacto social que conlleva el cierre total, la importancia económica y luego, su encadenamiento productivo; es decir, qué tan vinculado está un sector con otras actividades económicas de vital importancia para el país.



Apertura por ‘clusters’

El INCAE elaboró un índice de apertura para cada sector, agrupándolos en “clusters” o grupos. A estos, se les asigna un protocolo general y uno específico, adoptando avances tecnológicos y evaluando, constantemente, el estado de la cadena de valor.

El cluster uno requiere de protocolos básicos e incluye sectores como la agricultura, el dos requiere de protocolos intermedios bajos (panadería y molinería), mientras que para el tres (comercio y construcción) son intermedios; el cuarto (servicio de comida y bebidas) incluye protocolos intermedios fuertes; mientras que para el cinco (servicios profesionales a empresas) se definen como fuertes y para el seis (educación, transporte y productos textiles) son de tipo avanzados.

En ese sentido se despliegan protocolos especiales para el sector informal, microempresas y el trabajo doméstico, y se mantiene un monitoreo y control de todas las decisiones.

La entidad propone un índice de riesgo de contagio del 1 al 10, siendo 1 el más alto y 10 el más bajo; así como un índice de impacto económico y social del 1 al 5, donde 5 representa las actividades esenciales.

Además, se incluyeron los 53 sectores de la economía nacional, para determinar cuándo podrían iniciar operaciones.

Así, actividades específicas como el cultivo de maíz y frijol (junto a los cereales, legumbres y oleaginosas), están en el nivel 10 (bajo) riesgo de contagio; y 5 en el impacto económico y social, por ser de vital importancia.

En ese sentido el sector agrícola podría comenzar a operar usando protocolo adecuado.

En el otro extremo, está el transporte. Está en el nivel de riesgo más alto por la cantidad de personas, y a pesar de ser un servicio de vital importancia (nivel 5), solo podrá operar en condiciones especiales.

 

 

Claves para el regreso

 

Riesgos

El plan advierte sobre el riesgo de brotes masivos que compromentan la capacidad del país. Reconoce que la pandemia del COVID-19 puede estar presente por hasta 700 días, dependiendo de la vacunas.

 

Impactos

El riesgo principal que genera la pandemia es su enorme capacidad para afectar a miles de personas de todos los estratos sociales y sectores productivos y la necesidad de minimizar los costos en vidas.

 

Mitigación

INCAE enfatiza que en ese sentido es clave mantener y aumentar la capacidad de país para detectar casos y focos de riesgo para controlar de manera eficiente eventuales brotes por medio de los protocolos y mucha disciplina.

 

Asintomáticos

En la ruta de la reactivación la entidad recalca que junto con las capacidades es necesario reforzar la búsqueda de nexos epidemiológicos, pero con foco en detecar a los pacientes asintomáticos.

 

Reactivación

El modelo pasa por calcular el índice de apertura para cada sector y clusters, además de delegar protocolos especiales para el sector informal, microempresa y trabajo doméstico y sobretodo controlar implementación efectiva de lo decidido.