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Juez advierte a militares que podrían ser investigados por bloquear inspecciones

Erika Ventura/Iliana Cornejo con reportes de Rosa Fuentes

jueves 29, octubre 2020 - 11:28 am

Foto: Rosa Fuentes

Las inspecciones programadas por orden judicial en diferentes instalaciones militares de los archivos relacionados con la masacre El Mozote, ocurrida en 1981 en el departamento de Morazán, concluyeron este jueves.

Por sexta ocasión, no se le permitió el ingreso al juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, para realizar la diligencia en el Destacamento Militar N°4 de San Francisco Gotera, que fue el último lugar a visitar.

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Ante la negativa para que se efectuará la inspección hoy en el Destacamento Militar N°4 de San Francisco Gotera, el juez le advirtió al oficial de la Fuerza Armada que lo recibió, sobre acciones penales tanto para sus jefes como para ellos mismos por no obedecer las órdenes judiciales.

Bueno, hacerle ver que todos estos bloqueos a ingreso a unidades militares podría ser debidamente investigado, porque se trata de una desobediencia a decisiones judiciales y en ese proceso de investigación, no solo podrían resultar involucrados no solo las personas que les ordenan a ustedes sino ustedes mismos por estar obedeciendo órdenes ilegales, el Código de Justicia Militar es claro, que ustedes como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes que son ilegales". Jorge Guzmán/Juez de instrucción de San Francisco Gotera


En ocho ocasiones, el militar del Destacamento Militar número 4 no tuvo más respuesta que remitir al juez de instrucción de San Francisco Gotera al Ministerio de la Defensa para requerir información.

Con el debido respeto y como le respeto señor juez cualquier información o una mayor información que usted necesite lo puede hacer a través de un escrito en el Ministerio de la Defensa Nacional”. Oficial del Destacamento Militar Número 4, en San Francisco Gotera.

Por su parte, David Morales, querellante del caso El Mozote, dijo que pedirán que se certifiquen las actas de los bloqueos en las unidades militares a la Fiscalía General de la República (FGR) y que se investigue y procese al presidente Nayib Bukele como al ministro de Defensa, René Merino Monroy por los siguientes delitos:

  • Actos arbitrarios
  • Incumplimiento de deberes
  • Encubrimiento
  • Desobediencia a una orden judicial

Señaló que también son responsables de estos delitos los oficiales de las diferentes unidades militares en las que se negó la entrada al juez.

La Fuerza Armada ha cerrado las puertas a la justicia y está protegiendo a los responsables del asesinato de más de mil personas, la mitad de ellos niños y niñas, no tiene sentido n un país que formo la paz hace 30 años, esto deja entredicho nuestra democracia y la voluntad de cumplir sus obligaciones de derechos humanos del actual gobierno. David Morales/Querellante del caso El Mozote

El juez citó a las partes del proceso penal Masacre de El Mozote y sitios aledaños, a las 9:00 de la mañana en la entrada de la guarnición militar, ahí llegó la Fiscalía General de la República, los acusadores particulares, los representantes de las víctimas, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los peritos, y representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, que también han llegado a cinco guarniciones militares anteriores.

  • El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el 21 de septiembre del 2020.
  •  El Estado Mayor de Fuerza Aérea, en Ilopango, el 12 de octubre del 2020.
  •  La Segunda Brigada Aérea, en San Luis Talpa, el 13 de octubre del 2020.
  • La Brigada de Infantería "Óscar Osorio", en San Juan Opico, el 14 de octubre del 2020.
  • La Tercer Brigada de Infantería de San Miguel, el 27 de octubre del 2020.

En todos estos lugares, los militares han impedido el ingreso, alegando que no tienen autorización para dejar pasar al juez, debido a órdenes o porque, según ellos, contraviene la Constitución.

Por esos bloqueos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha corrido traslado a la Presidencia de la República, y ha dado hasta el 5 de noviembre para que explique los motivos para impedir las inspecciones de archivos militares.





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