Todos y todas estamos viviendo esta pandemia, pero no todas las personas lo hacemos en las mismas condiciones.Este contexto ha demostrado que los derechos más básicos que cualquier persona debiera gozar, son en realidad privilegios que muy pocas podemos realizar. Algunas personas tenemos el privilegio de contar con los recursos necesarios para adaptarnos a las medidas implementadas para contener la enfermedad y abastecer nuestros hogares con los alimentos suficientes para semanas de una cuarentena domiciliar; también tenemos el privilegio de poder realizar nuestras actividades laborales desde casa, sin que eso implique una reducción en nuestras remuneraciones o incertidumbre sobre la continuidad de nuestros contratos. Sin embargo, al mismo tiempo, a 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas el Covid-19 los encontró en situación de pobreza, sin los recursos necesarios para poder cubrir las necesidades básicas de una familia; al 6.3% de las personas en edad de trabajar las sorprendió sin tener una ocupación que les permita ganarse el pan de cada día; y, a dos terceras partes de la población ocupada las encontró sin acceso a un sistema de seguridad social, ya sea público o privado, que permita mitigar los impactos del virus en su bienestar.Nuevamente parece que los costos y los impactos de la crisis afectarán con mayor intensidad a los vulnerables de nuestra sociedad. El Covid-19 ha evidenciado, una vez más, las fallas estructurales de nuestros Estados para garantizar los derechos más básicos de la ciudadanía, como los derechos a la salud, a un trabajo digno, a la alimentación, al agua y a la seguridad social.

Pero la existencia de estas fallas también representa la valiosa oportunidad para que los funcionarios del gobierno implementen políticas públicas transformadoras que tengan al centro la garantía de los derechos humanos y la protección de todos, pero especialmente de los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Y por políticas públicas me refiero a la respuesta deliberada y articulada de todo el aparato estatal, basada en el conocimiento de la realidad salvadoreña, en argumentos de carácter técnico y en un abordaje integral y holístico de los problemas que se enfrentan. La crisis actual apenas empieza y enfrentarla requiere de políticas públicas bien diseñadas que no necesiten “doblarle la muñeca a la población” o de justificaciones en las fallas de administraciones anteriores.

La solidez de las políticas públicas que se implementen es de suma importancia ya que la improvisación, el descuido y la incapacidad para su diseño puede traducirse en aglomeraciones afuera de un Cenade, en falta de servicio de agua potable, en utilización de canales virtuales de comunicación en una población sin acceso a internet, pero sobretodo puede representar que los 2 millones de personas que ahora se encuentran en situación de pobreza, mañana no tengan que comer.

Para el diseño e implementación de políticas públicasnecesarias para enfrentar la pandemia no bastará tener funcionarios populares, que suban videos a redes sociales o aparezcan en las fotografías de los periódicos recibiendo donaciones. La crisis que enfrentamos requiere de funcionarios con conocimientos y capacidades mínimos sobre cómo funciona la cosa pública y de cómo desde el Estado se puede intervenir, para que ante una crisis de salud pública de las primeras cosas que hagan sea solicitar a la Asamblea Legislativa ampliaciones presupuestarias al ramo de salud, algo que sigue sin ocurrir en El Salvador.

Y, si acaso esos conocimientos técnicos básicos están ausentes, por lo menos se requiere funcionarios con la disposición para escuchar a las personas con los conocimientos técnicos necesarios; lo que estamos viviendo no es una guerra, en donde los que piensan diferente son los enemigos, sino una oportunidad para construir desde lo colectivo.

Finalmente, la posibilidad de enfrentar de una mejor manera la pandemia, también requiere de una ciudadanía que, en primer lugar, acate las recomendaciones para prevenir el contagio. Pero que, además, mantenga un rol activo en el ejercicio de contraloría para que, en lugar de justificar errores de política pública, exija mecanismos de solución; en lugar de señalar ataques políticos, exija a las autoridades planes concretos para enfrentar la crisis; y en lugar de replicar propaganda gubernamental, exija transparencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos.