El mundo está atravesando una crisis sanitaria de gran magnitud. En medio de esta crisis, he reconfirmado la impostergable necesidad de reconocer y reivindicar el rol de lo público en la vida de las sociedades, en especial en sociedades con altos niveles de desigualdad, pobreza y falta de acceso a servicios públicos básicos como la nuestra.

Uno de los aspectos que la crisis pone en evidencia es la necesidad de rescatar nuestro sistema público de salud. Alrededor del mundo son los sistemas públicos de salud los que están haciendo frente al coronavirus. Enfrentar pandemias, desastres naturales u otro tipo de situaciones que vulneren la salud pública requiere de sistemas universales, gratuitos y de calidad. La salud de una persona nunca debe depender de su capacidad de pago y en situaciones de crisis es evidente que el mercado jamás garantizará derechos. De igual forma, deberíamos aspirar a construir un sistema de salud pública funcional que cuenten con protocolos, programas y políticas que permitan una reacción pertinente y oportuna; ya que si bien es imposible tener certeza de cómo y cuándo estas situaciones se presentarán, el sistema de salud debería tener capacidad de reaccionar para, por ejemplo, definir directrices sobre las condiciones mínimas de salubridad a cumplir en centros de aislamiento y cuarentena, ya que la improvisación puede incluso empeorar la situación. Además, la crisis evidencia el rol fundamental los y las trabajadoras del sistema público de salud y la obligación de dignificar estas profesiones, con remuneraciones adecuadas y con la garantía de contar con todos los insumos necesarios para ejercer su labor sin arriesgar su bienestar personal.

Otro aspecto evidenciado en el contexto actual es que requerimos construir de un sistema de protección social para todas y todos que permita que una suspensión de actividades laborales, para resguardar la salud pública, no signifique la pérdida del ingreso familiar o de los derechos laborales. Esto es particularmente relevante en un país con altos niveles de informalidad, en el que las personas dependen del ingreso diario para poder llevar alimento a sus hogares y donde el acceso a una pensión es un privilegio. Un elemento básico de ese sistema de protección social debería ser la garantía de un ingreso mínimo incondicional que permita a todas las personas un mínimo de bienestar material.

El acceso universal a servicios públicos básicos como agua y saneamiento o energía eléctrica, resultan claves para enfrentar una crisis de salud pública. Tomando esto en consideración, El Salvador, por ejemplo, no puede seguir postergando la discusión y aprobación de una ley general en la que se garantice el derecho humano al agua. Con una pandemia que se combate lavándose las manos, hay muchos hogares que aún carecen de acceso a dicho servicio.

La planificación estratégica de las políticas públicas es otro de los elementos indispensables para fortalecer la capacidad de Estado salvadoreño para reaccionar ante crisis como la actual. La planificación en el sector público facilita la coordinación interinstitucional, permite la atención integral de las emergencias e incluso optimiza la utilización de los recursos públicos.

Contextos como el actual, muestran la importancia de que el actuar de la administración pública se realice siempre con base en los principios de transparencia y rendición de cuentas. Las y los funcionarios públicos deben entregar información a la ciudadanía sobre la situación que se enfrenta y reducir la incertidumbre comunicando con claridad las medidas a implementar y sus implicaciones; las redes sociales y los medios de comunicación deberían ser herramientas para ello, no para divulgar propaganda o noticias falsas.

Finalmente, tener que enfrentar una pandemia demuestra que lo público es indispensable, pero para que lo público funcione, nuestra política fiscal debe diseñarse para garantizar derechos y bienestar. Situaciones como la que enfrentamos son la razón de por qué en cada discusión de proyecto de presupuesto las inversiones públicas en salud se deben blindar y priorizar. Contextos como el actual nos evidencian por qué otorgar privilegios fiscales solo se traduce en pérdida de recursos que pudieran ser utilizados en mejorar nuestro sistema público de salud. En momentos como estos es más evidente por qué la corrupción va más allá del robo de dinero y representa vidas humanas perdidas porque los hospitales no tienen los insumos necesarios. Por lo que, cuando superemos esta crisis, no debemos olvidar que este es el tipo de política fiscal que debemos construir.