La primera abogada de El Salvador

Para la región centroamericana, las mujeres salvadoreñas fueron pioneras en el acceso a la educación universitaria. En la tarde del 20 de septiembre de 1889, Antonia Navarro Huezo (1870-1891) defendió su tesis doctoral en Ingeniería Topográfica en el paraninfo de la Universidad de El Salvador, situada desde una década antes al costado poniente de la Catedral de San Salvador.

La graduación de la Dra. Navarro Huezo mereció elogios y críticas en diversas partes de Hispanoamérica e incluso en medios publicados en lengua castellana en Estados Unidos. Tres años más tarde, desde esos mismos impresos se dio inicio a una breve campaña para concientizar a las mujeres salvadoreñas para que buscaran la igualdad jurídica y el acceso irrestricto al voto.

En otros ámbitos del conocimiento, como la Medicina o el Derecho, las mujeres salvadoreñas también fueron pioneras, pero sus aspiraciones no se vieron coronadas con las respectivas defensa de tesis y graduación. Ese fue el caso de Concepción Mendoza, quien en el último cuarto del siglo XIX inició sus estudios médicos, los que no llegó a culminar.

En el caso del Derecho, correspondió a la costarricense Ángela Acuña Braun ser la primera fémina centroamericana que se inscribió a la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en 1913. Tres años más tarde alcanzó el Bachillerato en Leyes con la defensa de la tesis Los derechos del niño en el Derecho moderno. Para poder ejercer, tuvo que esperar nueve años más, porque fue hasta en 1925 cuando el gobierno costarricense autorizó el ingreso formal de mujeres a los estudios universitarios.

Entre 1919 y 1922, la panameña Clara González de Behringer cursó sus estudios en la Escuela Nacional de Derecho, pero vio frustradas sus aspiraciones profesionales durante dos años, hasta que la Ley 55 le permitió abrir su bufete y ejercer como abogada y notaria. En 1929, ella alcanzó su grado doctoral en la Universidad de Nueva York y dio pasos agigantados en su carrera a favor de la familia -en especial, las mujeres y sus hijos- y los derechos políticos femeninos, en especial el de la posibilidad de elegir o ser elegidas mediante el voto popular.

En junio de 1927, de la Universidad de San Carlos (USAC) se graduó la abogada guatemalteca Luz Castillo Díaz-Ordaz de Villagrán, quien no pudo desarrollarse en su ejercicio profesional sino hasta la década de 1940, cuando las mujeres guatemaltecas obtuvieron la ciudadanía. Ella fue la tercera mujer centroamericana graduada de Derecho, a la que pronto siguieron la quinta (la nicaragüense Olga Núñez Abaunza, Universidad Central de Nicaragua, 1945) y la sexta (la hondureña Alba Marina Alonzo, en 1946). ¿Quién fue la cuarta abogada dentro de ese listado de abogadas centroamericanas? Una salvadoreña, llamada María García Herrera de Jovel, la primera fémina nacional graduada de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en 1944, hace 75 años. En la segunda década del siglo XX, en la entonces Villa Delgado, departamento de San Salvador, existía el hogar de Jorge Luis García y Josefa del Rosario Herrera. Fue en ese seno hogareño en el que vino al mundo María, nacida el 20 de agosto de 1920.

Luego de cursar sus estudios primarios y secundarios, se matriculó en la Escuela Normal de Maestras “España”, en la que se graduó como docente. En 1936, la joven maestra se matriculó en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, situada dentro del caserón de madera y lámina que se levantaba, desde 1879, al costado poniente de la segunda Catedral capitalina.

Cuando cursaba el tercer año de su carrera, contrajo nupcias con el también profesor y abogado salvadoreño Dr. Efraín Jovel. Luego de la ceremonia de enlace, desarrollada el 4 de junio de 1939, en aquel hogar llegaron los frutos del amos, manifiestos en sus descendientes bautizados como José Roberto, Gloria de María (QEPD), Efraín Ernesto y Jorge Luis (QEPD).

Los asuntos del hogar no fueron un obstáculo para proseguir con sus estudios. A lo largo de su carrera, ella tuvo diversos compañeros en las aulas, que formaron parte de su promoción. Entre ellos había intelectuales y futuros funcionarios, como Manuel Alonso Rodríguez, Hugo Lindo Olivares, Francisco Lima y Rodolfo Góchez.

En la noche del 21 de junio de 1943, mediante un acto cultural desarrollado en la capital salvadoreña, los estudiantes del séptimo año de la carrera de Derecho de la Universidad de El Salvador se despidieron de sus estudios y se enfrascaron en la redacción y defensa de sus respectivas tesis doctorales. La foto oficial de esa ceremonia es significativa, porque María García Herrera de Jovel figura como la única mujer dentro de aquel grupo de abogados in fieri.



En 1944, ella presentó su examen de abogacía y notariado en la Corte Suprema de Justicia. Al aprobarlo, se convirtió en la primera fémina nacional en obtener dicho grado en Derecho y en la cuarta mujer de la región centroamericana. Los magistrados la autorizaron para ejercer la profesión en cualquier parte del territorio nacional.

Desde 1945, ella se dedicó a las litigaciones civiles, para lo que abrió su propio bufete. Mientras ella se dedicaba a sus labores profesionales, su esposo, el doctor Jovel, desempeñaba importantes cargos en el gobierno nacional presidido por el general chalchuapaneco Salvador Castaneda Castro, en especial dentro de la rama de Cultura, como se le llamaba entonces a la Secretaría de Educación.

El 14 de diciembre de 1948, elementos de la juventud militar salvadoreña derrocaron al gobierno de Castaneda Castro y encarcelaron a varios de sus más cercanos colaboradores, bajo acusaciones diversas relacionadas con despilfarros y malos manejos de los caudales públicos. El Dr. Efraín Jovel recibió asilo en la Legación de España en San Salvador, desde donde realizó diligencias para lograr garantías para su integridad personal y obtener un salvoconducto. Por ese motivo y ante la persecución política que se desató en aquellos días, la Dra. García Herrera de Jovel, su esposo y sus hijos se marcharon hacia el exilio en la ciudad de Tegucigalpa, capital de la república de Honduras. En territorio hondureño, la profesional salvadoreña no se dedicó a las labores propias del Derecho, sino que optó por la docencia y por continuar, bajo su propia dirección, las lecturas y actualización de sus conocimientos jurídicos.

La familia retornó a El Salvador a inicios de 1952, pero bajo un sino trágico. A las pocas semanas de su llegada, falleció el Dr. Jovel en San Salvador, por lo que ella quedó sola a cargo de sus cuatro hijos, su manutención y educación.

En 1952 fue designada Juez Segundo de Primera Instancia de lo Criminal en Sonsonate. En septiembre de ese mismo año fue nombrada Juez Primero de Primera Instancia de lo Criminal en Cojutepeque, cargo en el que le correspondió juzgar un asesinato y aplicarle la pena de muerte a su perpetrador. Aunque era una profesional de las ciencias jurídicas, también era practicante devota del catolicismo, por lo que consultó con su confesor, el sacerdote Mario Casariego (posterior Cardenal de Guatemala), si le estaría permitido condenar a muerte a una persona y presenciar su ajusticiamiento. Tras aquella consulta y obtenida una respuesta desde la dimensión teológica, la mano de la Dra. de Jovel selló el destino del asesino.

En 1952 llegó a San Salvador la doctora estadounidense Minnie Miller, catedrática del Kansas State Teacher’s College de Emporia, en el estado de Kansas. Ella llegaba con la expectativa de reunirse con mujeres salvadoreñas profesionales y animarlas para que se unieran en una asociación que velara por sus derechos y obligaciones, pero con la intención de prestar servicios filantrópicos y altruistas para el mejoramiento progresivo de la sociedad salvadoreña. El 23 de diciembre de ese mismo año se estableció la primera junta de la Asociación de Mujeres Universitarias Salvadoreñas (AMUS), cuya primera presidente fue la Dra. García Herrera de Jovel.

Firme creyente de la educación como una herramienta para la superación de las mujeres salvadoreñas y sus familias, ella desarrolló una amplia labor al frente de la AMUS -oficializada en 1957-, gracias a lo cual esa entidad femenina pronto se vio afiliada a la International Federation of University Women (IFUW, Ginebra, Suiza), a la Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) y a la Federación Centroamericana, de Mujeres Universitarias (FECAMU, Guatemala, 1966).

Fuera de sus horarios laborales como jueza, la Dra. García Herrera de Jovel ejerció su profesión desde su bufete, abierto en el segundo nivel del edificio Vidrí, en la esquina de la 1ª. calle poniente y avenida España, en la manzana opuesta al Gran Hotel San Salvador, en el centro capitalino.

Años más tarde, fue designada colaboradora jurídica de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General de la República, cargos que también combinaba con su presencia efectiva en la Mesa Nacional del Movimiento Scout y sus viajes y eventos como representante de la AMUS y de la FECAMU. La primera abogada salvadoreña cerró sus ojos a la vida el 2 de febrero de 1982. Sobre ella ha caído la pesada losa de la desmemoria y el olvido.

En la actualidad, ni una sola calle, avenida, plaza, biblioteca, edificio o espacio cultural de su localidad natal o del país ostenta su nombre y le rinde honor a su memoria. Ojalá estos breves apuntes biográficos logren remover conciencias entre las nuevas generaciones de abogadas salvadoreñas, para que reivindiquen a esta profesional pionera y le devuelvan, para siempre, su estatus dentro de la historia de las féminas nacionales.