Ante ese vacío, solo queda esperar que la nueva bancada oficial ayude al presidente a cumplir con sus promesas de campaña, es decir, con las propuestas contenidas en el Plan Cuscatlán. Ese Plan es muy ambicioso, en especial si consideramos la situación de las finanzas públicas salvadoreñas, afortunadamente la actual administración lo tenía claro desde ese entonces y el presidente Bukele tuvo la previsión de incluir como una de sus promesas que el pacto fiscal sería una política de Estado.
Construir un acuerdo de esta naturaleza obviamente es muy complejo, pero con una Asamblea Legislativa comprometida con apoyar las propuestas del Ejecutivo y con un alto respaldo de los electores, su viabilidad política es mucho más grande. Por ello me gustaría compartir con las nuevas diputaciones algunas de las medidas que deberían incluirse en un pacto fiscal.
En el ámbito de gasto público el acuerdo debe buscar garantizar los derechos de las personas, a través de un proceso que logre la universalización y mejora cualitativa de los bienes y servicios públicos; la vinculación de la planificación con presupuestos por resultados; la creación de un sistema nacional de inversión pública con enfoque territorial; implementación de reformas al servicio civil y al sistema de compras públicas; y, la eliminación de gastos superfluos.
En materia de ingresos públicos las medidas deben procurar que estos sean recaudados con simplicidad, efectividad y progresividad; por ello se debería incluir la implementación un impuesto al patrimonio, un impuesto predial, un IVA diferenciado para bienes de lujo; la adopción de impuestos ambientales; la transición a un ISR con esquema global y principio de renta mundial; eliminación de privilegios fiscales injustificados; implementación de una política anti evasión; así como, el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera. En cuanto al financiamiento, se debe ordenar el uso de las Letras de tesorería (Letes) y reestructurar la deuda pública, para buscar su sostenibilidad.
El pacto además, debe incluir medidas para promover la transparencia y combate a la corrupción; además, debe contemplar medidas para asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos; reformas estructurales de la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética Gubernamental y las unidades de auditoría interna. E incluso, se deben lograr acuerdos para crear mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, que acerquen y legitimen el quehacer de la administración pública frente a la sociedad.
El proceso de construcción del pacto deberá basarse en principios de transparencia, justicia, participación e inclusión. Para asegurar su legitimidad, este proceso además del liderazgo del presidente y la participación de la fracción legislativa oficial, deberá incluir a las diferentes expresiones de la sociedad salvadoreña.
Ojalá que las nuevas diputaciones y el presidente no demoren en empezar a trabajar por cumplir las promesas, y que en el plazo inmediato pongan en marcha las acciones estratégicas definidas en el Plan Cuscatlán para construir el pacto fiscal: el establecimiento de una mesa consultiva a nivel nacional, que a partir de la definición de los objetivos de país para los próximos 5, 10 y 25 años, construya consensos sobre las medidas concretas que se implementarán para su cumplimiento.
Concretar un pacto fiscal determinará las posibilidades del oficialismo de cumplir con sus promesas de campaña y empezar a construir un nuevo país, uno mejor para las mayorías, y ojalá uno con mayor democracia y desarrollo. Ahora no hay ninguna excusa para no hacerlo.