Durante esta y la próxima semana representantes de diferentes gobiernos del mundo, organizaciones de sociedad civil, sector privado y otros actores de la sociedad, estarán reunidos en Madrid para participar en la vigésimo quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Esta cumbre se está realizando en un contexto global en el que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo y en el que resulta clave los compromisos que se asuman de cara al 2020, año en el que los países firmantes del Acuerdo de París acordaron revisar y mejorar sus contribuciones nacionalmente determinadas (INDC por sus siglas en inglés) para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el Informe sobre la brecha de emisiones 2019 dada esta tendencia, las contribuciones de los países deberían ser por lo menos cinco veces más ambiciosas para poder cumplir con la meta de mantener el incremento de la temperatura global por debajo del 1.5°C para 2030.
Si bien El Salvador no es un emisor significativo de gases de efecto invernadero –entre 1990 y 2014, las emisiones generadas por El Salvador apenas representaron en 0.029 % de las emisiones totales a nivel mundial–, las acciones que se implementen, a nivel nacional e internacional, para luchar contra el cambio climático resultan estratégicas ya que somos parte de una de las regiones más vulnerables frente a este fenómeno. De acuerdo con el Índice de Riesgo Climático a largo plazo, elaborado por Germanwatch, entre 1998 y 2018, El Salvador fue el 16° país más afectado por eventos climáticos a nivel mundial, experimentando pérdidas económicas de $ 277.6 millones (PPP) en promedio al año y cerca de 32 muertes al año por la ocurrencia de eventos climáticos extremos. Atendiendo a la situación del país, los compromisos asumidos en la INDC se concentran en medidas de adaptación y reducción de la vulnerabilidad.
Todo muy bien hasta acá, pero para que los compromisos se conviertan en hechos se requieren recursos. El cómo financiar la lucha contra el cambio climático también es un problema global y en El Salvador no escapamos de él. De acuerdo con el propio contenido de la INDC presentada por el Estado salvadoreño, su cumplimiento depende en gran medida del apoyo que se logre conseguir a través de recursos externos; sin embargo, los datos más recientes del Climate Funds Update, revelan que entre 2013 y 2018 nuestro país apenas ha recibido el 0.4 % (aproximadamente $77.15 millones) del total de financiamiento climático aprobado en el mundo, es decir, difícilmente nuestra lucha contra el cambio climático se va a enfrentar con fondos externos.
Este contexto reconfirma la necesidad de que la agenda de desarrollo, incluyendo los compromisos ambientales, se financien por medio de la movilización interna de recursos. Es decir, la lucha contra el cambio climático debe financiarse con nuestro presupuesto público. Lamentablemente el proyecto del presupuesto 2020 parece ir en sentido contrario. Indicador de ello es que, por ejemplo: la entidad rectora en materia ambiental y que debería liderar las acciones climáticas, sufre una reducción del 22.6% en su presupuesto respecto al 2019, en términos reales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales históricamente ha sido de las entidades con menores asignaciones presupuestarias, en 2020, la historia se repite y apenas contaría con un presupuesto de $15.0 millones, es decir, menos que los $22.6 millones que se destinarían a gastos de publicidad en 2020. Suena descabellado, pero sí, el presupuesto salvadoreño prioriza los gastos publicitarios sobre el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental que permita gestionar integralmente nuestros recursos naturales y adaptarnos al cambio climático.
El debate sobre el financiamiento de la acción climática es impostergable e indispensablemente debe incluir la discusión sobre un presupuesto público que sea congruente con la alta vulnerabilidad climática de nuestro país y con los compromisos asumidos a nivel internacional. En este tema es fundamental trascender de debates estériles, porque lo que está en juego no es la popularidad del gobierno de turno o el rédito político de los partidos de oposición, lo que está en juego es la propia sobrevivencia y bienestar de las personas.