“Los agentes agarraron mi bicicleta y me la engancharon en el cuello”

Rolando Antonio Castillo caminó casi cuatro calles con su bicicleta en la espalda, el manubrio en su cuello y las manos atadas. Salió de su casa la mañana del 7 de abril para comprar leche, cebollas, chile verde, fósforos y un poco de tamarindo para refrescarse del sofocante calor de San Miguel; pero el trozo de papel arrugado en su bolsillo no evitó que la policía lo acusara de romper la cuarentena y lo retuviera por ocho horas, hasta llegar a un centro de contención del que fue expulsado.

Desde el pasado 14 de marzo, El Salvador enfrenta un estado de excepción a tres derechos constitucionales: la libertad de tránsito, a reunirse pacíficamente y a no ser obligado a cambiarse de domicilio. Apoyándose de este decreto prorrogado ya dos veces, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó endurecer las acciones de la Policía y el Ejército contra quienes violen la cuarentena.

A solo 24 horas del mandato, Rolando, de 62 años de edad, dejó su vivienda y condujo tres cuadras en su bicicleta, cuando vio que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaban a dos hombres y dos mujeres caminando bajo el sol.

Uno de los jóvenes era su vecino, Yovani, que llevaba su propia bicicleta amarrada al cuello y avanzaba con dificultad, por tener las manos atadas. "Me detuve y me puse a grabar con mi teléfono, porque eso es abuso", aseguró. No logró guardar su teléfono sin que agentes de la PNC también lo detuvieran, en la intersección de la avenida Simeón Cañas y la 21 calle Oriente, en San Miguel.

"Cuando me vieron, me tiraron al piso dándome pechadas. Me preguntaron '¿que acaso sos periodista hijueputa?', y me quitaron el teléfono. Después, los agentes agarraron mi bicicleta y me la engancharon en el cuello, así como llevaban al otro", narra en una llamada a Diario El Mundo.

Según Rolando, los policías amarraron ambas bicicletas, haciendo el paso casi imposible y tortuoso. La primera vez que Rolando cayó, resbalaron también los lentes que usa por receta médica. Tiene presbicia, una enfermedad conocida popularmente como “vista cansada”, más frecuente en personas de avanzada edad.

"Páseme los lentes, por favor, que no veo nada", le dijo a un agente cuando logró incorporarse, aún con manos atadas. "Yo no soy tu cholero, ahí ve qué hacés", contestó el oficial. El manubrio de la bicicleta del más joven estaba atascado en el rin de la otra, y el peso del más joven recaía en su cuello. Otro agente recogió sus lentes y se los puso de nuevo, aunque el sudor y la mascarilla que llevaba puesta le empañaban la vista.

Media cuadra después de la 17 Calle Oriente, cerca del Banco de Fomento Agropecuario, una patrulla detuvo su Vía Crucis. Casi sin aliento, subió a la patrulla que los llevó hasta la delegación, ubicada entre la 10 y 8 Avenida Sur, en el Centro de Gobierno de San Miguel; pero las cosas empeoraron. "Ahí es cuando empezó también la tortura psicológica", afirma.

Al llegar, lo liberaron de la abrasadera de plástico color verde con la que ataron sus manos. "Te jodieron bien, esperate", le decía uno de los policías que lo recibió para cortar la cinta con una cuchilla. Sentaron a hombres y mujeres por separado, en tablas de madera dentro del edificio.

"Yo sabía que era abuso de autoridad"

No era la primera vez que Rolando era retenido por autoridades de seguridad. La primera vez, el 1 de mayo de 1980, tenía 22 años cumplidos cuando fue detenido y torturado por la extinta Policía de Hacienda, abolida por los Acuerdos de Paz de 1992. "No es fácil esto a mi edad, no pensé volver a ver cosas así, creí que pertenecía al pasado", continúa en su llamada.

Dentro de la delegación esta semana, fueron los agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) quienes le quitaron la mascarilla que usaba para protegerse y comenzaron a tomarle fotografías con sus teléfonos "desde distintos ángulos". "Yo trataba del ver el ONI (Orden Numerario Institucional) y solo pude ver a uno, el 05269, que era el que más me decía cosas", afirmó.

"Los policías se ensañaron conmigo por grabar con el teléfono, y no dejaban de decirme que si era periodista, que si trabajaba en CNN, y yo solo les decía que no sé que es eso", continúa Rolando. "Yo sabía que era abuso de autoridad, y les dije".

Llevaron a todos los detenidos páginas con detalles de la hora, fecha y lugar en que habían sido detenidos, además de un bolígrafo para que cada uno firmara. Al empezar a leer, el mismo agente le arrebató la carta y dio la orden para llevarlo a una bartolina. "Me dijo 'aquí no estás para hacer lo que vos querés, vas a hacer lo que yo digo, no estás para andar leyendo', y me llevaron al fondo", dice.

Caminó unos 15 metros hasta un pasillo donde habían personas detenidas por otros delitos, y lo dejaron frente a una celda donde habían tres personas en ropa interior, entre ellas una joven. "Me dijeron 'ahí te vas a quedar a oler mierda con los mareros', y les dije, métame si quiere, pero déjeme avisarle a mi familia donde estoy", y lo dejaron ahí por al menos 10 minutos.

El agente que lo dejó ahí regresó y le pidió que firmara. Accedió, pero leyó rápidamente el documento, en el que aceptaba haber violado la cuarentena domiciliar y ser trasladado a un centro de contención. Según estadísticas del Gobierno, estas áreas albergan a 4,116 salvadoreños, 1,716 de ellos retenidos dentro del país por incumplir el decreto presidencial.

Después de firmar fue devuelto al salón principal, donde encontró a quien el reconoce como "un subjefe policial", que entregó una bolsa con agua a cada uno. Eran cerca de las 1:00 de la tarde.

Cuando parecía que todo estaba más tranquilo, otro agente se acercó y llevaba su teléfono en la mano. Reproducía el video que horas antes tomó Rolando. "¿Esto es lo que querías publicar verdad? Este nos estaba grabando allá, decile que está prohibido grabar a los agentes" recriminaban. Una hora después, recuperó su teléfono ya limpio de cualquier evidencia y pudo hacer una llamada.

Eran casi las 3:00 cuando subió a un microbús de la Policía que lo llevó al albergue de Ciudad Mujer, en San Francisco Gotera, Morazán. El viaje tomó 45 minutos, y las revisiones e inscripciones otra media hora.

"Cuando llegué donde la doctora me preguntó que me había pasado. Llevaba una patada en el muslo derecho, otro golpe en la rodilla izquierda, una patada en la parte baja de la espalda, y los golpes en el cuello y la clavícula por la bicicleta", asegura. La profesional, que coordinaba el albergue, lo dejó ir bajo una condición: no salga de su casa.

Regresó a las 5:00 de la tarde "humillado y sin comida". "Ahora ya no puedo salir, me están acechando. Han pasado varias patrullas y abren la bocina diciendo 'hola". El miércoles, al menos cuatro veces vio pasar un vehículo sedán color azul, con las placas P 916-422, totalmente polarizado.

Rolando asegura que no acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por temor a dejar su casa. "Si salgo hoy, posiblemente me maten. Gente casi no hay en la calle y se presta a hacer cualquier ilegalidad, emocionalmente me siento afectado y siento peligro para mí y mi familia", denunció.

Diario El Mundo intentó contactar a agentes de la delegación de San Miguel y a las oficinas centrales de la Policía en el municipio, pero no obtuvo respuesta.

Esta noche, la Asamblea Legislativa debe definir si extiende o no el estado de excepción, que duraría 30 días más, a petición del Ejecutivo.