En términos generales el proyecto de presupuesto revela que los ingresos siguen siendo bajos, pero además con una menor carga tributaria para 2020. Un gasto público en el que crece el gasto social, pero continúa siendo insuficiente frente a las demandas de la sociedad salvadoreña. Un aumento del déficit fiscal y de la deuda pública. En materia de transparencia, se presentan muchas sombras que no permiten avanzar en la legitimidad del quehacer de la Administración Pública y un presupuesto que continúa sin estar diseñado para reducir las brechas de género y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
Por ello, aunque es muy importante que se apruebe el presupuesto antes del 31 de diciembre, también es fundamental que la Asamblea Legislativa realice algunos cambios que permitan corregir algunas lagunas de opacidad, así como avanzar en un presupuesto que realmente permita mejorar el bienestar de las personas.
Por el lado de los ingresos, se proyecta que la carga tributaria sería menor que en 2019 y particularmente se esperaría una menor recaudación del impuesto sobre la renta de personas naturales asalariadas, lo cual debe corregirse aumentando la meta para este rubro. En un contexto, en el que la carga tributaria para 2020 se proyecta que será menor, es urgente que se evalúe la eficiencia y efectividad del gasto tributario y, que tanto el Ejecutivo, como el Legislativo, se abstengan de promover iniciativas de ley que contengan nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios sean más altos que sus costos.
Por el lado del gasto público, lo positivo es el aumento de la inversión y del gasto social, aunque buena parte sea producto del pago de la deuda de pensiones, porque así lo registra el Ministerio de Hacienda. Una de las cosas a corregir es congelar la partida relacionada con publicidad, al monto aprobado en 2019, esto permitiría liberar alrededor de USD9.0 millones que se pueden trasladar para el fortalecimiento de la educación. También se debe eliminar la partida relacionada con las primas y gastos de seguros privados que asciende a USD37.0 millones, los cuales deberían trasladarse al Ministerio de Salud.
La Asamblea Legislativa debe solicitar una explicación sobre el uso de la partida 55599, denominada «impuestos, tasas y derechos diversos», que tiene un incremento poco usual, pues pasaría de USD6.5 a USD69.7 millones. Lo mejor es reorientar esos recursos, para aumentar las asignaciones a los programas dirigidos específicamente a la niñez y adolescencia, particularmente los diversos niveles de educación; así como a programas dirigidos a las mujeres, para la reducción de las brechas de género.
Por otro lado, el Ejecutivo está solicitando que por ley los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado, deben declararse como gastos reservados, eso no debe aprobarse. Pues, aunque hay elementos que no pueden hacerse públicos por la misma naturaleza de esta entidad, la ciudadanía sí debe saber el detalle de las distintas partidas presupuestarias. También, al seguir aumentando la deuda, el Ministerio de Hacienda debe presentar una estrategia para reestructurarla, ya que nuevamente se destinará más dinero al pago de intereses y amortizaciones de la deuda, de lo que se dedicará a Educación.
Finalmente, se deben de crear espacios para que la ciudadanía pueda participar en todo el ciclo presupuestario, pues el presupuesto se financia principalmente con impuestos que son pagados por toda la población y se debe garantizar que el presupuesto esté vinculado a una planificación estratégica y a resultados concretos. Y dado que el presupuesto, vuelve a reafirmar que la situación de las finanzas públicas sigue siendo crítica, es fundamental que el Ejecutivo y el Legislativo generen las condiciones para lograr un acuerdo fiscal integral, con la participación de los diversos actores. Solo de esa manera es posible que pasemos de presupuesto de sobrevivencia a presupuestos que permitan garantizar mejores condiciones de vida para toda la población.