La iniciativa se denomina “ Ley Especial Contra el Tráfico Ilegal de Personas”. El fiscal general, Raúl Melara, explicó que este proyecto de ley busca desarticular el crimen organizado a nivel nacional e internacional, dar protección a víctimas y aumentar la pena máxima hasta 12 años de prisión por el delito de tráfico ilegal de personas.
“Es importante tener un cuerpo normativo que no solo pueda atacar a estas personas, al crimen organizado a nivel nacional e internacional, sino que también genere condiciones de coordinación”, dijo Melara.
¿Qué delitos?
La propuesta indica que el individuo que tenga el propósito por sí mismo o por medio de otras personas de evadir controles migratorios del país u otros países transporte, traslade, albergue, guíe, intente introducir o introduzca personas extranjeras en tránsito o con destino a El Salvador u otro país, será juzgado por el delito de “tráfico ilegal de personas”, el cual tendría una sanción de prisión de ocho a 12 años.
El fiscal Melara aseguró que la legislación actual busca es insuficiente para combatir el crimen organizado.
Un segundo ilícito que tipifica el anteproyecto de ley se denomina “promoción del tráfico ilegal de personas” y establece que el sujeto que directa o indirectamente se involucre en el uso de tecnologías de la información y la comunicación y promueva el tráfico ilegal de personas nacionales o extranjeras, que tengan el objetivo de evadir o violentar de manera individual o colectiva controles migratorios del país u otros países, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
Mientras que un tercer delito que crearía la propuesta de ley es “la proposición y conspiración en el delito de tráfico ilegal de personas”, que sería castigado con tres hasta seis años de cárcel.
“Hay muchas personas que de manera inescrupulosa están traficando con el dolor de la gente, de personas desesperadas buscan migrar”. Raúl Melara, Fiscal General
Otro delito que regularía la iniciativa son las “agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas” y en la propuesta señala que serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones conformadas por más de dos personas de carácter temporal o permanente y que tengan como finalidad la comisión del tráfico ilegal de personas y la promoción del tráfico ilegal de personas. Se castigaría con cárcel de tres a seis años.