Tan solo con ver las noticias internacionales es posible darnos cuenta de que las olas de calor extremo, incendios incontrolables, inundaciones, sequías prolongadas y ciclones tropicales no son excepciones, sino que se están convirtiendo en algo cada vez más frecuente e intenso. La evidencia científica disponible a nivel mundial muestra que como consecuencia de la actividad humana la atmósfera, el océano y la tierra continúan calentándose; produciendo cambios rápidos y generalizados en el planeta, algunos de los cuales no tienen precedentes históricos y otros son irreversibles.
Y aunque el reconocimiento de estos desafíos ha quedado plasmado en acuerdos y convenciones internacionales, como el Acuerdo de París o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los escenarios son muy poco halagüeños, las medidas adoptadas hasta la fecha son aún insuficiente y revertir las tendencias climáticas y ambientales será cada vez más complicado. ¿Esto quiere decir que ya no hay nada qué hacer? No, por el contrario, aún tenemos oportunidad, pero es una oportunidad que tenemos que empezar a aprovechar en este momento y así lo señala el más reciente informe publicado por el o informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Esta década es crítica para la acción climática, las acciones presentes determinarán las condiciones del planeta en los próximos años y la posibilidad de garantizar el bienestar de las futuras generaciones.
La respuesta a este desafío está en la adopción de medidas de política pública en tres grandes ámbitos de acción: reducción de las emisiones, adaptación a los impactos climáticos y financiamiento de los cambios necesarios. El IPCC señala que existen medidas como el acceso a las energías y tecnologías limpias y bajas en emisiones de carbono; la promoción del transporte público; y, cambios en los sectores alimentario, industrial y construcción, que tienen una eficacia comprobada en la reducción de emisiones y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Pero su éxito dependen de la existencia de un compromiso político, que se refleje en la coordinación y articulación de políticas, pero sobre todo la disponibilidad de financiamiento.
El IPCC afirma que actualmente, en el mundo, existen suficientes recursos para disminuir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es importante promover que se utilicen en inversiones climáticas.
En el caso particular de El Salvador, el financiamiento es uno de los mayores retos para construir un desarrollo más resiliente al clima. En un contexto fiscal caracterizados por la insuficiencia, insostenibilidad y falta de transparencia, la autoridad en materia climática y ambiental a nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, apenas tiene un presupuesto de USD19.2 millones para el ejercicio 2023, esto equivale apenas a USD0.22 de cada USD100.00 que el Gobierno Central gastará durante este año. Además, aunque la adaptación climática se señala como uno de los propósitos del quehacer institucional, al revisar los programas vigentes del MARN no hay ninguno dirigido específicamente para este fin, mucho menos a promover medidas de mitigación, solo se pueden identificar programas relacionados con la gestión sostenible de recursos, lo que restringe significativamente la eficacia de la acción climática en el país.
Es urgente que El Salvador empiece a operativizar todos los compromisos climáticos y ambientales que ha asumido a nivel internacional y reflejarlo en su presupuesto, pero para ello, además de fortalecer sus esfuerzos para movilizar más recursos internos para la acción climática, también debe mejorar su articulación con otros países de la región, que le permita tener mayor incidencia en los procesos de negociación a nivel internacional, para promover la justicia climática y exigir una mayor responsabilidad financiera a los grandes países emisores. Aún estamos a tiempo de actuar, pero para aprovechar esa ventana de oportunidad que aún existe necesitamos voluntad política y recursos suficientes.