Es imperdonable la falta de previsión gubernamental ante escenarios globales tan desfavorables, sobre los cuales distintas entidades internacionales (FAO, CEPAL, SICA) oportunamente encendieron señales de alarma por la inminente crisis de falta de alimentos que ya comenzó en el país. Y, sin embargo, la administración de Bukele, después de casi cinco años de gestión, sigue sin presentar “El Plan General de Gobierno”, que demuestre cuál es la ruta para cumplir su idea de desarrollo, tal como lo exige el Art. 167/2’ constitucional. Tampoco presentaron una política agropecuaria que demuestre la prioridad que este gobierno le asigna al sector. Durante el año 2021 la producción de granos básicos alcanzó 28.65 millones de quintales (maíz, sorgo, frijoles, arroz), para cubrir una demanda estimada en 27 millones de quintales; mientras, en 2023, la producción se desplomó a tan solo 17,2 millones de quintales.
En el quinquenio, la cartera de Agricultura tuvo cinco diferentes ministros, siendo el ramo de mayor inestabilidad gubernamental y menor capacidad de acción de sus titulares. Unos fueron suspendidos, otros dimitieron, sin conocerse las razones; alguno fue señalado por graves casos de corrupción y ninguno desarrolló comunicación fluida y constructiva con el sector. No se vio tampoco que alguno mostrara capacidad de enfoque sobre la realidad del agro y las posibles soluciones de los problemas de fondo como el cambio climático, que obligaría a una mayor tecnificación de la producción vía la ampliación de los sistemas de riego; la financiación productiva con programas y tasas de crédito accesibles; acceso a los mercados y mecanismos de precio justo para los productores; programas para comprar insumos agropecuarios de manera centralizada que lleguen a precio accesible a los productores; acompañamiento científico técnico para abastecer con semillas de calidad adecuadas a los rigores del clima; incorporar insumos orgánicos y facilidades de acceso a tierras productivas.
El problema de fondo es falta de interés de Bukele para recuperar las capacidades de producción agropecuaria, producir alimentos, y generar empleo productivo. Su prioridad es invertir en la franja costera ingentes recursos públicos para desarrollar una plataforma de infraestructura vial y servicios para proyectos inmobiliarios privados, millonarios complejos turísticos (Surf City) de sus asociados, a costa de sacrificar las capacidades productivas y someter al país a un mayor endeudamiento, ajeno a las necesidades, objetivos e intereses de la población.
Las entidades bancarias del Estado, lejos de financiar la productividad, fondearon con centenares de millones de dólares al Bitcoin y Chivo Wallet, que derrumbaron la calificación financiera del país. Con fondos públicos financiaron el rescate del Centro Histórico de la capital, convirtiéndolo en plataforma de otras Inversiones inmobiliarias de sus asociados y dejando sin opciones a miles de vendedores informales. Amenazan con vaciar y quebrar el sistema de pensiones, desfinanciar a la banca privada del país por sus despilfarros y falta de voluntad para ejecutar la reforma fiscal prometida en la que “paguen más los que tienen más, y menos los que tienen menos”.
El país se precipita sin paracaídas a una mayor crisis económica y social de escasez de alimentos, alto costo de la canasta básica, falta de empleos, deficientes y costosos servicios de agua potable, electricidad; deficiente educación, salud y transporte público, excesivo endeudamiento y baja productividad.
Aparte del plan corporativo para el desarrollo de jugosos proyectos inmobiliarios y turísticos de “la familia, hermanos y asociados”, ¿cuál es el plan para el desarrollo integral del país?