Una de esas voces autorizadas fue la del Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, quién ante la posibilidad de un atentado o encarcelamiento, fue llamado a Roma a prestar servicios en el Vaticano.
En esa atmósfera el gobierno convocó a elecciones generales para el 2021 y un Ortega descontrolado ante la certitud de perder cualquier opción electoral, llegó a la insólita disposición de abrirles juicios penales y llevar a prisión por corrupción, evasión de impuestos o conspiración a siete candidatos presidenciales; entre ellos a Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y sólida candidata de unificación de indiscutible posibilidad de lograr el poder presidencial; y junto a ella, a sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando, el primero prisionero político y el segundo exiliado en Costa Rica, luego de habérsele allanado, destruidos y robados equipos del diario Confidencial.
Esta vorágine sangrienta y sin razón alcanzó igualmente a emblemáticos combatientes del FSLN como Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres (fallecido en prisión)Violeta Granera, y a Sergio Ramírez, Mónica Baltodano, Gioconda Belli hoy extrañados del país. A seis mujeres las tienen incomunicadas totalmente y en condiciones precarias de salud, entre ellas a la propia Dora María, Granera, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil y María Oviedo. Observamos con extrañeza un particular ensañamiento con estas prisioneras, por lo que uno termina preguntándose si algo tiene que ver directamente la Vicepresidenta Rosario Murillo.
Ortega se superó a sí mismo al asaltar la sede episcopal, procediendo a secuestrar al obispo Rolando Álvarez, a cinco sacerdotes, dos seminaristas y a un periodista gráfico que allí se encontraban. Al día siguiente, ante las exigencias del Cardenal Leopoldo Brenes se pudo conocer el paradero de Monseñor Álvarez, bajo “arresto domiciliario”; en tanto que sus demás acompañantes fueron trasladados a la cárcel del Chipote.
Luego procedieron a confiscar la sede del Diario La Prensa y apropiarse de los bienes allí contenidos, dizque para convertirlo en un centro cultural. Cerraron la Radio Católica que operaba en Matagalpa y se quedaron con los equipos y mobiliarios. En realidad, siguen siendo los mismos piñateros de siempre.
El desconcierto ante este conjunto de hechos crueles e irracionales es de tal magnitud, que el propio Partido Comunista de Nicaragua emitió un largo documento donde denuncia y rechaza la represión desatada contra la ciudadanía y, en particular, la acometida contra el clero católico nicaragüense: “El Partido Comunista de Nicaragua condena la violación a los Derechos Humanos y las fascistas acciones que el gobierno viene imponiendo a los jerarcas de la Iglesia Católica, los Obispos y Sacerdotes, con el afán de quebrantarles sus principios y dignidad”, puede leerse en uno de sus párrafos.
Por qué no ha habido una reacción contundente de la comunidad internacional frente a gobernantes violadores de derechos humanos, y leyes internacionales. ¿qué llevó a Petro ausentarse en la votación de la OEA o El Salvador abstenerse, siendo como fueron elegidos en democracia y para la democracia?
Un caso patético de incapacidad de reacción, más allá de los comunicados altisonantes de organizaciones internacionales, fue la reciente elección del Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) recaída en el economista Werner Isaac Vargas Torres, el candidato presentado por Daniel Ortega. Se alegó que es una disposición estatutaria. Y uno se pregunta si en esos estatutos no se alude al sistema democrático y al respeto a las leyes internacionales, como vía para alcanzar los objetivos propuestos en dicha Organización.
Se impone una reestructuración urgente de los organismos internacionales, de lo contrario será el caos universal, la imposición de las reglas del más fuerte, como en los tiempos de Martínez, Rosas, Videla o la propia dinastía de los Somoza, bajo la excusa de la autodeterminación y no intervención.