Con el 100% del escrutinio preliminar oficial, el resultado para Petro es 11,281,013 de votos (50.44%), contra 10,580,412 (47.31%) para Hernández. Esta diferencia de 700,601 votos (3.13%) fue inmediatamente reconocida por el candidato perdedor. En definitiva, la participación electoral alcanzada en esta segunda vuelta fue de 22,658,694 electores (58.09%), considerada como la mayor participación de todos los tiempos desde la reforma constitucional de 1991.
En Colombia, con un padrón de 39 millones de electores, entre marzo y junio se realizaron tres elecciones -Congreso y dos vueltas presidenciales- en un tenso clima de creciente polarización política y confrontación mediática, ante la exacerbada contraposición de dos proyectos políticos claramente diferenciados y la creciente posibilidad de alternancia en el gobierno para un establishment de corte conservador sin mayores cambios durante 214 años. Esta tensión coincidió con debilidades e insuficiencias en la organización y administración electoral documentadas de manera sistemática por organizaciones calificadas de la sociedad civil, evidenciando ineficiencias y fallas en el proceso eleccionario. Coincidió también con denuncias de actores políticos sobre presuntos “fraudes electorales”, señalamientos que no trascendieron de meras denuncias, aunque la demanda de reformas es un reto para el nuevo gobierno y congreso, en el que tiene que construir mayorías.
El clima electoral en algunas etapas se complicó por hechos de violencia denunciados por organizaciones sociales y políticas. Estos delitos son ejecutados por diversos actores violentos entre los que destacan complejas y extensas organizaciones armadas que ejercen fuerte control territorial: paramilitares, grupos guerrilleros rearmados, carteles de narcotráfico y también fuerzas regulares gubernamentales ampliamente denunciadas.
Estos hechos derivaron en atentados, crímenes, represiones, desaparecidos, asesinatos y desplazados; incluso hubo un “paro armado” promovido durante cuatro días de mayo por las autodefensas de carteles del narcotráfico. La violencia y el miedo afectan las campañas electorales, dificultan la participación electoral en zonas rurales e impactan en el trabajo de líderes sociales y comunitarios. Colombia está entre los países con mayores índices de homicidios y violencia en el mundo, por lo tanto, alcanzar la paz constituye uno de los mayores retos del nuevo gobierno.
Este hermoso país, con más de 50 millones de habitantes, excede el millón de kilómetros cuadrados de territorio, con toda la diversidad natural imaginada. Sin embargo, la violencia históricamente generada por el Estado, las organizaciones guerrilleras más antiguas del continente y por el fenómeno estructural del paramilitarismo y la narcoactividad, estiman analistas que generan hasta el 3% del PIB, más la corrupción. También, posee uno de los mayores índices de profunda desigualdad y pobreza por la injusta distribución de la tierra y la propiedad; con una economía principalmente extractiva que agota sus recursos naturales y la ausencia de la responsabilidad social del Estado en muchas regiones de la Colombia profunda, racista, patriarcal y marginal.
El ascenso de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, al frente del Pacto Histórico, suma sin duda a la vertiente de gobiernos progresistas del continente y ocurre en el contexto de la acumulada crisis por las graves secuelas de la reciente pandemia y la creciente crisis económica y energética mundial. Tiene ante sí un escenario en el que las sociedades, además de cambios, demandan magia y celeridad en el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, el éxito sobre semejantes expectativas mucho dependerá de la claridad de propósitos de la estrategia, de la capacidad de entendimiento con los distintos sectores sociales, políticos y económicos y sobre todo de la capacidad de sostener y acrecentar el frente amplio que le confió y lo ha llevado al gobierno. Colombia, una historia por escribir, un camino por andar.