Con la asunción, el primero de mayo del pasado año, de la nueva legislatura de mayoría absoluta cian y al amparo de lo que parecía un firme discurso de Bukele comprometido a combatir frontalmente la corrupción, la bancada gubernamental tenía los votos suficientes y el respaldo de una importante expectativa mediática y social para conformar sendas comisiones especiales para indagar sobre el destino de fondos asignados, por legislaturas anteriores, a organizaciones no gubernamentales a través del presupuesto general. El Acuerdo Legislativo fue emitido el 18 de mayo anterior, a menos de un mes del anuncio del cierre de la CICIES y a 17 días de haber ejecutado un golpe contra la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, que precisamente investigaba actos de corrupción de funcionarios del Bukelato.
Posteriormente, una segunda comisión especial, con las mismas características fue instalada en junio pasado, con la misión de indagar sobre presuntos sobresueldos ilegalmente otorgados durante administraciones anteriores. La fastuosa premisa lanzada para ensalzar el resultado esperado de estas Comisiones Especiales, probablemente fue proyectado para competir con los ejemplares resultados de la pasada “Comisión de la Verdad”, instalada en el contexto de los Acuerdos de Paz y que tuvo por cometido investigar sobre los horrendos crímenes cometidos durante el conflicto armado. En aquella participaron prestigiados juristas internacionales con el apoyo institucional de los “Países Amigos”.
Actualmente, mientras el propósito de estas Comisiones Especiales debiera ser establecer procedimientos idóneos para investigar presuntos ilícitos, apoyándose para este fin en el aporte de las diferentes instituciones del Estado garantes de la transparencia y teniendo por resultado esperado contribuir a través de recomendaciones a la justicia, crear iniciativas de ley pertinentes para prevenir la persistencia de estos hechos de corrupción; lo que tenemos, nueve meses después de creadas estas “Comisiones Especiales” con todas las prerrogativas de ley, recursos, y aportes de información todas las instituciones del Estado controladas por el Ejecutivo, es una parodia de mal gusto del trabajo legislativo. Después del desfile de 36 “citados” entre ambas comisiones (16 y 20, respectivamente), se desconocen informes concluyentes, no existe en estudio ninguna iniciativa de ley profiláctica encaminada a superar el flagelo y lejos de eso, todos los indicios señalan que la corrupción lejos de atajarse se ha profundizado y ampliado en el gobierno de Bukele.
La inquisición contra el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, fue la gota que rebalsó el vaso y mostró la ruina y perversa intención de los inquisidores. No hay razón que valga, no hay informe sustentado que pueda saciar las fauces de una jauría azuzada para despedazar a quienes consideran sus enemigos. Si no entienden, o no quieren entender, la naturaleza del trabajo realizado por la UCA por requerimiento del Ministerio de Educación y no tuvieron consideración alguna con una personalidad de la talla y trayectoria del padre Oliva, o con el prestigio de aquella laureada Universidad Jesuita, no puede esperarse trato digno y apegado al debido proceso para nadie. Este mecanismo es de acoso y persecución política contra quienes ellos crean que piensa diferente.
Esta inquisición perdió toda legitimidad debido al sesgo ideológico de sus actuaciones, la falta de imparcialidad, a las ínfulas judiciales y fiscales de los legisladores oficialistas, a la reticencia del gobierno y su bancada de investigar los graves hechos de corrupción expuestos en los doce expedientes que la CICIES -que el mismísimo Bukele creó y disolvió-, y que fueron puestos en conocimiento del Fiscal General. No es posible combatir la corrupción cuando todas las instituciones del Estado están supeditadas al poder Ejecutivo, ha sido cortado el acceso a la información pública y se restringen las libertades democráticas. Por lo tanto, las comisiones no son más que circomisiones con funciones especiales. Lamentable.