En todos los tiempos y latitudes la historia recoge la ocurrencia de soluciones populistas ante cruentas alzas de la criminalidad, haciendo mayor énfasis en el relieve y visibilidad de sus dramáticos efectos, pero ignorando las causas originales de la violencia. Es así como en la Francia convulsa de finales del siglo XVIII, todavía bajo el antiguo régimen de Luis XVI y ante la enorme presión social por los efectos de una alta incidencia criminal, buscaron afanosamente un método eficaz y que a la vez fuera ejemplar para detener aquella descontrolada vorágine. Aquello desembocó en la profundización del debate sobre la pena de muerte en 1789 que al final terminó aprobada por una enorme mayoría parlamentaria un 25 de septiembre de 1791, dando lugar a la implementación de “la guillotina”.

El debate sobre el escarmiento público que debiera significar la pena capital tuvo un oferente que propuso modernizar, agilizar y perfeccionar los procedimientos para trascender de rudimentarios artilugios propios de la época, como hachas y espadas, por las dificultades, imprecisiones y errores en la calidad del “corte” realizado por los verdugos. Este “avance” fue presentado por el medico Joseph Ignace Guillotin (las obras quedan nominadas por quienes las promueven) quien explicaba que el “mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos”. Finalmente, la guillotina se instaló un 25 de abril de 1792 y nueve meses después fue el mismo Luis XVI y su esposa María Antonieta quienes terminarían sometidos hasta rodar sus propias cabezas un 21 de enero y 6 de octubre de 1793 respectivamente. Con este cruento procedimiento rodaron un estimado de cuarenta mil cabezas.

La reciente inauguración de la portentosa cárcel de Bukele ya puede competir en los Récord Guinness como la prisión más grande de América, enclavada en el país más pequeño del continente y, además, competir por un segundo récord exhibiendo el porcentaje más alto del conglomerado penitenciario, en relación al tamaño de la población del país. La cárcel de Bukele sorprendentemente ha sido construida en apenas siete meses, mientras el Hospital Rosales, considerado el centro de salud más importante y urgente para atender a la población más necesitada, con financiamiento completo, terreno idóneo para edificarse, diseño de infraestructura listo y equipos, cumplirá cuatro años sin construcción.

Tal como señalan y denuncian organismos nacionales e internacionales especializados, han ocurrido más de un centenar de fallecidos que estaban detenidos bajo resguardo y responsabilidad gubernamental en la que están más de cien mil privados de libertad, entre ellos decenas de miles de presumibles inocentes detenidos de manera arbitraria, quienes sufren en condiciones de hacinamiento extremo, graves violaciones al debido proceso y falta de garantías a los más elementales Derechos Humanos. Esta situación apunta a una solapada aplicación de la pena de muerte a partir del sufrimiento extremo al que son sometidos estos privados de libertad sin oportunidad de reinserción, bajo una vengativa “Ley del Talión” de “ojo por ojo y diente por diente” sin determinar su grado de responsabilidad en el cometimiento de presuntos delitos, solo para contener temporalmente la violencia sin resolver las causas estructurales que la generan.

El fastuoso lanzamiento inaugural de la mega cárcel de Bukele solo es comparable con la parafernalia monumental del lanzamiento del Bitcoin. Sobre esta cárcel sorprende y contrasta el criterio de derroche mediático de revelar detalles de infraestructura, tecnología y operatividad funcional de la prisión, un destape poco recomendado tratándose de información privilegiada de alta seguridad que debiera ser información reservada, por obvias razones que ponen en riesgo las más elementales garantías de seguridad. Esa abundante información gráfica divulgada por razones político electorales, ha sido puesta en manos del crimen organizado.

Sin embargo, es sorprendente como el gobierno oculta (reserva) toda la información que debe ser pública sobre el costo de la construcción de esa obra, los criterios y procedimientos administrativos con los que se contrató a las empresas que participaron en el diseño, construcción, tecnología y servicios; tampoco se conoce la proyección del costo de operación y funcionamiento ordinario de ese reclusorio que se dice será custodiado por un batallón del ejército de 600 efectivos militares, 250 policías, sin contar con más de un millar de custodios penitenciarios y el incontable número de expertos en tecnología y administración para una cárcel en que se proponen alojar a 40,000 reclusos. Bajo esta obra se escriben y se escribirán muchos capítulos de corrupción, la historia será contada.