Los resultados de las elecciones muestran un gran desencanto de la población respecto al sistema político, por ejemplo, en la elección presidencial el 17.4% de las personas anuló su voto y cerca del 7.0% dejó su papeleta en blanco, es decir que una cuarta parte de las personas votantes no se sintió identificada con la oferta electoral de ningún partido político. Los votos válidos emitidos se distribuyeron entre los 22 partidos y coaliciones en contienda, resultando la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Movimiento Semilla los dos con mayor porcentaje de votos a favor, 15.9% y 11.8%, respectivamente. El primer partido con una candidata que participa por tercera vez en la competencia por el Ejecutivo; y el segundo, la sorpresa, un partido que participa por segunda vez en unos comicios, pero que ni siquiera aparecía en los primeros lugares de las encuestas de intención de voto. Estos resultados dejaron por fuera al candidato oficialista y a la candidata que contaba con el apoyo de varios intereses poderosos en Guatemala.
Pero en nuestros países pareciera que el voto de la ciudadanía solo es válido cuando favorece a quienes ostentan el poder. Como advertía previamente este proceso electoral se ha caracterizado por el continuo deterioro de la institucionalidad electoral, con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) que aplicó de manera discrecional la normativa electoral y la judicialización como instrumento para perseguir candidaturas incómodas para las estructuras de poder.
Posteriormente a la publicación de los resultados preliminares, el TSE inició las audiencias de revisión de escrutinio a nivel nacional, en las cuales se revisaron las impugnaciones realizadas por los fiscales de los partidos políticos ante las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que en el caso de la elección presidencial representaron menos del 0.01% de los votos emitidos. Este proceso finalizó el 30 de junio, en apego a la Ley electoral y de partidos políticos (LEPP), confirmando los resultados y las fórmulas que disputarán la presidencia en la segunda vuelta en el mes de agosto. Sin embargo, el día 1 de julio, 9 partidos políticos inconformes con los resultados presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una solicitud de amparo por supuesta alteración de los resultados electorales, un sinsentido considerando que estos partidos en su mayoría tuvieron representación con fiscales partidarios en las diferentes JRV sin emitir impugnación alguna.
A pesar de la debilidad de los argumentos de estos 9 partidos y de su propia falta de competencia en la materia, la CC otorgó un amparo provisional que de momento ha suspendido la oficialización de los resultados y ha ordenado la realización de nuevas audiencias para cotejar las actas en un plazo de 5 días, un proceso que no está contemplado dentro de la legislación electoral guatemalteca, pero el amparo además, abre la puerta para que los partidos puedan presentar nuevas impugnaciones, algo tampoco contemplado en la normativa. El actuar de la CC profundiza la instrumentalización de la justicia para invalidar la elección de la voluntad popular y amenaza la integralidad de los resultados de las elecciones. En las nuevas audiencias realizadas hasta este momento ha sido evidente el fin que buscan los partidos demandantes: desconocer los resultados de la primera vuelta electoral.
Ante esto ha habido múltiples llamados de actores nacionales e internacionales, que han acompañado y observado el proceso electoral guatemalteco desde diferentes instancias, recordando la importancia de respetar el Estado de derecho y respetar la voluntad de la ciudadanía. Esa ciudadanía que, desde las juntas electorales, redes sociales desde las calles están luchando por proteger y reconstruir la democracia que aún tienen, ojalá lo logren, eso sería una luz de esperanza para El Salvador y para una región centroamericana empecinada en justificar cleptocracias y dictaduras.