Existe, además, la amenaza de reelección presidencial continua - contraviniendo la Constitución-, complejas reformas en curso, extrema polarización, y las dificultades que arrastra un sistema electoral modificado por sentencias que van desde el voto cruzado, la inclusión de las fotografías de las candidaturas con el consecuente aumento del tamaño de la papeleta, las candidaturas no partidarias, que ahora también podrán participar en Concejos Municipales, hasta cargar a los votantes del exterior la responsabilidad de elegir gobiernos locales de sus municipios de origen o el de sus padres, así como las diputaciones de la Asamblea Legislativa y del PARLACEN, además del tradicional voto por la presidencia.
El sistema electoral salvadoreño sigue en transición y enfrenta una nueva tormenta de reformas, como el acuerdo del bloque legislativo gubernamental que transfiere con insospechados propósitos a la entidad a cargo de la emisión del DUI, el RNPN, al Ministerio de Seguridad, extrayéndolo de la relación con el TSE, y eliminando de su junta directiva a los delegados de partidos políticos con representación legislativa, cercenando la garantía de vigilancia que aseguraba el control del proceso de gestión de la data que da origen al Registro Electoral y que según el artículo 77 de la Constitución le corresponde a los partidos políticos. Hay que tener en cuenta, además, que el sistema electoral es institucionalmente débil, muy complejo, pobremente financiado, con escasa cooperación interinstitucional y sin una hoja de ruta coherente para las reformas estructurales pendientes. El capricho del Ejecutivo y su bancada de implementar el voto por internet para el exterior de manera improvisada, sin garantías de secretividad y sin auditoría trazable, ocurre después de graves denuncias de fraude en la elección interna del partido de gobierno, miles de casos de hurto de identidad a través de una aplicación promovida por el presidente y la entrega irregular de miles de dólares durante la pandemia, según señaló la propia Corte de Cuentas de la República.
Una reforma inconsulta con el TSE y sus técnicos, no solo desconoce su autoridad, sino que atenta contra las elecciones y la participación. Aspirar a semejante modernidad como lo hicieran sólidas instituciones como el INE de México y el TSE de Panamá requirió años de ensayos, pruebas piloto, inversión y arduo trabajo para garantizar transparencia, debido proceso, consensos y apertura a la cooperación internacional. Adicionalmente, la elección de 2024 parece carecer de garantías de equidad y transparencia de la contienda y, por ende, de la integridad del proceso, que queda atrapado en prácticas como el uso y abuso de recursos del Estado con fines proselitistas, visto en la elección legislativa y municipal anterior. Asimismo, se advierte un débil y temeroso TSE bajo asedio y subordinación al Ejecutivo; no demuestra diligencia, energía y peso institucional para detener y sancionar oportunamente las ilegalidades que vulneran la contienda. Tampoco ejerce su función de control ante el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos, carece de iniciativas ante la proliferación de granjas de troles que operan con total impunidad en las campañas con signos claros de violencia promovida desde las más altas esferas estatales y es evidente la falta de decisión para el control de financiamiento ilícito a través de las criptomonedas que, sin duda, sustentarán algunas campañas.
Es necesario que se abran espacios de participación cívica por una elección justa y transparente con mecanismos de observación nacional e internacional de largo plazo, reducir el abstencionismo, estimular el voto informado, depurar el registro electoral, actualizar la cartografía electoral, identificar y procesar oportunamente los cambios de domicilio para profundizar el Voto Residencial e implementar el voto anticipado para aquellos conglomerados que por su ocupación o condición se les dificulta votar el día de las elecciones. En un régimen democrático las elecciones producen representación, proporcionan gobierno, ofrecen legitimación y generan participación, en uno autoritario apenas son instrumentos para la reafirmación del poder existente y la ciudadanía carece de capacidad real para elegir ¿Qué rol asumirá el TSE para asegurar elecciones materialmente democráticas? Observaremos.