Consumada la elección del 3 de marzo, procede una evaluación rigurosa para establecer las causas que llevaron a esos resultados y a tan baja participación electoral, que a duras penas superará el pírrico 30%; siendo la más baja concurrencia en elecciones de esta naturaleza desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. La menor participación registrada fue del 38.7% en el año 2000.

Atropelladas reformas destruyeron avances en descentralización y desarrollo local. Hoy somos el único país que va en reversa de la tendencia de la comunidad internacional de dar más recursos y funciones al municipalismo. Se eliminó el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FIS-DL), brazo técnico de las municipalidades; eliminado el Instituto de Desarrollo Municipal (ISDEM) dedicado a la capacitación y acompañamiento en la conformación de micro regiones y asocios intermunicipales. Los recursos del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) se esquilmaron del 10% al 1.5%. Y los municipios reducidos de 262 a tan solo 44, sin estudio ni soporte técnico, sin censo poblacional. En tanto, el gobierno creó la DOM (Dirección de Obras Municipales), instancia centralizada para ejecutar obras demostrativas que apuntalaran las campañas y candidaturas locales del partido oficial.

Debe evaluarse la calidad de esta elección debido a la incapacidad mostrada por el tribunal electoral para arbitrar la competencia y superar las fallas ocurridas durante la eleccion presidencial y legislativa del 4F. El reclamo de “irregularidades” incluye el financiamiento a gotas del ejecutivo a los partidos de oposición, y el presunto uso de recursos del Estado por Nuevas Ideas. De esa larga camándula, el Organismo Colegiado aun no presenta un informe explicativo y convincente del porqué de semejantes desatinos; tampoco dieron a conocer los correctivos.

Entre las fallas recurrentes está la usurpación de cargos en las Juntas Receptoras de Votos. Nuevamente, cuando los acreditados por el tribunal electoral se presentaron en los centros de votación para constituir sus respectivas JRV, estas ya estaban “tomadas” por un ejército de activistas de Nuevas Ideas, en muchos casos sin acreditación y proveníentes de otros municipios. En principio, ese “asalto” se atribuyó a deslices de prepotencia y matoneria, -propios del estilo de gobierno y su partido-. Sin embargo, abunda información posteada en redes sociales, en la que los mismos “asesores venezolanos” se ufanan y muestran como dirigen un sofisticado puesto de mando con los recursos más modernos en tecnologia informática y telecomunicaciones; un costosísimo “Bunker” desde donde manejaron una vasta operación nacional para tomar el control de Centros de Votacion y Juntas Receptoras de Votos, en aquellos municipios considerados prioritarios. De ahí los forcejeos ocurridos en municipios emblemáticos como Antiguo y Nuevo Cuscatlan, zonas costeras, y algunos enclaves urbanos, considerados el lomo de aguja de jugosos proyectos urbanísticos.

En esta segunda elección hubo menos transparencia. De hecho, fue escasa la invitación a la Observación Internacional, pues el 4/F hubo más de 600, y hoy llegó apenas a 60 delegados internacionales; aún con las graves fallas ocurridas el 4/F, mismas que ameritaban un mayor escrutinio internacional. Fue recurrente la incapacidad del tribunal electoral para acreditar todas las sustituciones de vigilantes ante la JRV tramitadas por los partidos opositores, limitación que no padeció Nuevas Ideas.
La oposición denunció limitaciones de acceso al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados (CNPRE); mientras el partido oficial tuvo pleno acceso. Nuevamente se limitó el acceso de medios de comunicación a los centros de votación. A media jornada, la APES (Asociación de Periodistas de El Salvador) registró 55 agresiones a la prensa; y fue inverosímil la instrucción atribuida al secretario general del tribunal electoral, a nombre del Colegiado, ordenando desalojar a la prensa de los recintos al inicio del escrutinio, medida que fue tardíamente levantada por el Colegiado.

Sistemáticas fallas registradas en ambas elecciones llevaron a la pérdida de credibilidad y confianza sobre el tribunal electoral. La bateria de reformas dieron ventaja al partido oficial; el antecedente del asalto y control de los poderes e instituciones del estado por el Ejecutivo, y la imposición del prolongado Régimen de Excepción configuran el “Fraude Estructural”; cuyo propósito fue la reelección inconstitucional de Bukele; apuntalar la máxima centralización de poder en el Ejecutivo; “pulverizar a la oposición”, buscando un modelo de partido unico. Estos desatinos provocaron tan escasa participación electoral y el consiguiente descalabro democrático del país.

Recién empiezan a llegar las facturas a la oposición.