Por razones temporalmente ocultas, la presunta tregua de Bukele con los grupos criminales de pandillas se rompió abruptamente, dando vía libre para “abrir las válvulas” y llevando al país -en lo que va de este gobierno- al horror del cuarto repunte sangriento y el día más fatal de la posguerra. El resultado fue una etiqueta “Guerra Contra Pandillas” y una feroz competencia entre “las partes”, unos matando y delinquiendo y la otra con redadas para hacer números, incluyendo a miles de “falsos positivos” y “daños colaterales”.

En el oscuro pacto de Bukele con las pandillas aparecen involucrados prominentes delegados gubernamentales de la mayor confianza presidencial, plenipotenciarios y plenamente identificados en sendas investigaciones de respetables medios periodísticos de amplia y reconocida experiencia, ratificado todo por declaraciones oficiales y sanciones contra esos personeros de parte del gobierno de los EEUU, que no cabe duda, alguna experiencia tienen en averiguar sobre esos casos.

Bukele decidió emprender la “Guerra contra Pandillas” ante el estrepitoso fracaso de la tregua y del Plan de Control Territorial. En términos militares, una declaración de esa categoría reconoce la existencia de dos “partes” confrontadas, más allá de lo irregular de un bando. La confrontación ocurre en un escenario de operaciones situado en los barrios y comunidades más pobres, en los que “un tirito se le va a cualquiera”, dejando reducida a la población a padecer los “costos colaterales” y a su sabia experiencia de ponerse a resguardo, a “esperar a que pase la tormenta”, encomendándose a Dios para no ser otro de tantos capturados por error.

En correlación logística, según imágenes expuestas por las autoridades, el régimen dispone de aviones y helicópteros armados –algunos de media vida y poco mantenimiento-, aunque ya hablan de drones artillados con capacidad letal; caballería mecanizada de vehículos blindados, varios de reciente adquisición; transporte de tropa, tecnología militar para intersección de comunicaciones –incluso encriptada- radiogoniómetros para triangular y localizar señales de radio, sofisticados sistemas de escucha, baterías de artillería estratégica con obsoletos obuses de 105 mm, morteros de 120 mm, artillería y drones de inteligencia táctica para acompañar el avance de infantería, cañones 90mm, morteros 60mm, low antitanque de 40 mm; y, por supuesto, un experimentado comandante en vídeoguerras y paintball.

En el otro bando, las pandillas, con más de setenta mil delincuentes operativos, según datos conservadores del mismo gobierno -sin considerar el crecimiento vegetativo y social por la exclusión y condiciones de extrema pobreza-, no exhiben gran armamento, sus atroces crímenes son ejecutados blandiendo rudimentarios recursos como trabucos hechizos, viejas escopetas, revólveres y pistolas; con excepciones de algunos fusiles de guerra, en muchos casos utilizan armas blancas o corto punzantes, machetes y cuchillos; y, en otros casos, armas contundentes como piedras utilizadas en horrendas lapidaciones.

Lo más sofisticado de los recursos pandilleros, es una vasta red de vigilantes (postes) y negocios de sobrevivencia montados con su base social de apoyo, estratégicamente ubicados con teléfonos móviles, radios de comunicación operativa para labores de inteligencia que hacen del territorio controlado una considerable red de madrigueras de resguardo bajo la cobertura de cientos de miles de familiares y acólitos, base social que sobrevive en gran medida por el rédito de las acciones criminales y que está calculada en más de cuatrocientos mil seguidores, según datos militares de hace algunos años.

La guerra de Bukele no es viable, juega con las legítimas aspiraciones sociales de ver presos y condenados a los criminales de pandillas. La fuerza pública no cuenta con capacidad operativa para sostenerla en el tiempo, además, la Fiscalía y el sistema de justicia no tienen condiciones para aplicar un debido proceso apegado a ley. En los 29 centros penales hay 38 mil privados de libertad, de estos 17 mil son pandilleros y las redadas, según información pública, han apresado alrededor de 10 mil personas, sin que exista capacidad de resguardo penitenciario. Tampoco hay programas preventivos para el rescate de cientos de miles de niños que sobreviven en amplios territorios donde el gobierno no ejerce control, y regresan decenas de miles de deportados entre los cuales arriban curtidos criminales sobre los que Bukele no ha podido parar su ingreso.

El plan de guerra de Bukele esconde grotescos e inocultables fines electorales, es otro plan de mano dura, en medio de algún pacto según han expuesto medios de comunicación, haciendo una grotesca cirugía con machete que apuntan a un holocausto social. El tiempo lo demostrará.