Durante la semana del traspaso de gobierno, Tegucigalpa fue el epicentro del encuentro de organizaciones de la sociedad civil del Triángulo Norte, especializadas en transparencia, agrupadas en el CCINOC (Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica) en la conferencia “Aprendizaje y recomendaciones para establecer un nuevo ente internacional de combate a la corrupción y la impunidad en Honduras”, tomando la palabra del compromiso público de Xiomara Castro de combatir la corrupción. El evento coincidió con el lanzamiento desde Berlín del “Índice de Percepción de Corrupción de 2021”, de Transparencia Internacional, que pone en relieve la preocupación generalizada por la falta de progresos en esta materia, así como la perversa coincidencia recurrente que entremezcla en los mismos escenarios: la corrupción, la pobreza y el autoritarismo.
La afinidad en el Triángulo Norte descansa en la identidad cultural y un tradicional intercambio económico y social que adolece los mismos problemas: doloroso éxodo migratorio, violencia criminal de pandillas, narcotráfico y crimen organizado, precarias condiciones de extrema pobreza; alta vulnerabilidad y retos ambientales, lento proceso de integración, creciente autoritarismo, acelerada pérdida de institucionalidad, galopante impunidad y abultada corrupción; agregando la dramática conclusión de la CEPAL sobre los recurrentes efectos de la pandemia por nuevas variantes como Ómicron -que profundizan las desigualdades-, el desempleo, mayor inflación, creciente endeudamiento público, alejando las posibilidades de recuperación económica entre 2023 y 2025.
La simetría política en el Triángulo Norte es tal, que sus gobernantes eliminaron con idénticos propósitos los diferentes mecanismos institucionales que contaban con acompañamiento internacional para perseguir la corrupción y la impunidad. En Guatemala la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad), fundada en diciembre de 2006, fue disuelta en septiembre de 2019, sin concluir su mandato. En Honduras la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), creada en enero de 2016, fue eliminada al no prorrogar su mandato en enero de 2020. Mientras, la CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador), que fue producto de una de las principales promesas electorales de Bukele, y creada en acuerdo entre el gobierno y la OEA el 6 de septiembre de 2019, fue abruptamente disuelta el 4 de junio de 2021. El factor común en el cierre de estos espacios fue el mismo: presentar denuncias contra el círculo cercano a los tres presidentes.
La eliminación de la CICIES es más grave por la expresa denuncia pública de la Secretaría General de la OEA que entre otros señaló tanto las irregularidades de apariencia delictiva sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia (existen doce expedientes), como las acciones del gobierno encaminadas a impedir investigar denuncias de corrupción en la administración Bukele y la recurrente actitud del gobierno de inducir a investigar exclusivamente a políticos de oposición, pretendiendo convertir a la CICIES en instrumento de persecución política. La CICIES fue también la que menos tiempo duró.
Tal como fue expuesto en Tegucigalpa “El Salvador se encuentra sumergido en una red de corrupción dirigida desde el más alto nivel estatal” que desde el primero de mayo de 2021 rompió el Estado de Derecho para impedir el control, instalando una legislatura que cedió sus facultades a un poder ejecutivo que además ejerce control absoluto sobre la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de jueces, el Fiscal General y ha doblegado, neutralizando, a la Corte de Cuentas, al Procurador de Derechos Humanos, al Tribunal de Ética Gubernamental y al mismo Tribunal Supremo Electoral. Ante la extrema debilidad de los partidos de oposición, la barrera de contención es la resistencia popular, las organizaciones cívicas, los medios de comunicación independientes y las personalidades decididas a enfrentar al régimen autoritario. Veremos cómo le va a Honduras.