La redacción del segundo inciso del artículo 248, con la adición que lo reforma, fue trastocado así, (en negrillas lo alterado): “Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos.”...En nuestro diseño constitucional, de acuerdo al mismo artículo, una reforma podrá acordarse en la legislatura en curso por mayoría simple, y ratificada por una nueva legislatura con el voto calificado de dos tercios de los diputados. Adicionalmente a esa norma, media una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que establece el obligatorio conocimiento público de dicha iniciativa de reforma; por lo que deberá, entre la aprobación de una legislatura y la ratificación de la siguiente, celebrarse una elección legislativa en la que la ciudadanía, debidamente informada, pueda, mediante el voto, respaldar o rechazar a quienes promueven dicha reforma. Este requisito es de fondo, a falta de un procedimiento refrendario, como ocurre en otros países donde una reforma constitucional debe someterse a referéndum.
Vulnerar el artículo 248, imponiendo catorce palabras aviesamente calculadas para eliminar cualquier control que podía ejercer la ciudadanía a través del voto y que establecía un doble cierre con la elección de dos legislaturas que obligaban a la búsqueda del consenso para materializar una reforma, abre un boquete al Estado, a través del cual el régimen de Bukele en una misma legislatura puede antojadizamente cambiar de tajo toda la Constitución mediante la dispensa de trámite en un mismo día, o desmembrar sádicamente por partes el cuerpo normativo constitucional, eliminando paso a paso, todo lo que estorbe al propósito de consolidar su dictadura.
La exposición de motivos de una reforma constitucional debe ser creíble. Requiere además del rigor del procedimiento, suficiente claridad en cuanto a la filosofía del rumbo y contenido de la reforma en la parte dogmática y orgánica. En la historia del país, indefectiblemente las constituciones fueron producto de cruentos golpes de Estado. En este caso Bukele no es la excepción, también su régimen autoritario asaltó el 9F-2020 el recinto legislativo con efectivos militares; luego asestó el siguiente golpe el 1° de mayo de 2021, cuando tomó por asalto al Poder Judicial, deponiendo magistrados, imponiendo a su antojo una Sala de lo Constitucional a su medida; enquistando al mismo tiempo un Fiscal General afín a sus intereses; e imponiendo un cruento Régimen de Excepción extendido por más de dos años que vulnera libertades democráticas y Derechos Humanos; persigue a opositores, críticos, prensa independiente, gremios, asociaciones, ONG y comunidades organizadas.
Bukele y su camarilla estructuraron un fraude estructural a través del cual impusieron la reelección inconstitucional. Sin profundizar en la opacidad que caracteriza al gobierno por el grave ocultamiento de información, corrupción, arbitrariedades y negociaciones ilícitas con grupos criminales de pandillas, estas son las precarias credenciales que preceden la poca credibilidad de un régimen autoritario que hoy pretende cambiar la Constitución.
Difícilmente el país se podrá encaminar al desarrollo, mientras persista la desconfianza e incertidumbre sobre un régimen autoritario que trasluce inseguridad jurídica por la discrecionalidad en el manejo y afán de concentrar más poder; todo por el enfermizo afán de igualarse y colarse en la argolla dorada de algunos grupos oligárquicos que acompañan su gestión, unos por cobardía, y otros por gula desmedida en acumular más riquezas, sin importar el descalabro de la nación.