A raíz de la insatisfacción por los resultados electorales, nueve partidos de derecha acudieron presentando un recurso ante el Supremo de Justicia, intentando revertir el resultado y sacar del balotaje al segundo lugar, el Movimiento Semilla, deteniendo así la oficialización de resultados y demandando un nuevo recuento de actas por sospecha de fraude. Este recurso fue aceptado por el ente de justicia, quien ordenó las medidas cautelares demandadas, desatando un clima de incertidumbre y el rechazo inmediato de los afectados, de amplios sectores de la sociedad, y de las misiones de observación nacional e internacional.
El TSE, en cumplimiento de la resolución del Supremo, suspendió la oficialización de resultados de la primera vuelta y procedió a un maratónico procedimiento de recuento de actas a cargo de Las Juntas Electorales Departamentales, para confrontar con los datos del sistema informático de transmisión. Después de tres días de intenso trabajo, determinaron que no había evidencia de fraude y que las pocas variaciones (0,5%), propias del escrutinio, no cambian en nada el resultado establecido. Dicho reporte fue elevado al Colegiado del TSE y oficializado por ese organismo el jueves 6 de julio. Acto seguido, tres de los nueve partidos demandantes, inconformes con el resultado del recuento de actas, presentaron una nueva iniciativa para el recuento de votos. Dicho procedimiento fue legalmente rechazado, por preclusión, debido a la jerarquía legal de las JRV como jueces de mesa del sistema electoral. Después del escrutinio de votos, el único documento de fe es el acta, por lo tanto, no está contemplado el recuento de votos en su legislación.
El miércoles 12 de julio surgió un nuevo intento desesperado por sacar de la competencia al Movimiento Semilla, esta vez por iniciativa de la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), que requirió ante el Juez 7° penal, para que ordenara la inmediata suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, bajo el supuesto de “Actos de Corrupción”, por incluir en su inscripción a personas sin su consentimiento; señalamiento hecho a un partido cuya inscripción ocurrió hace cinco años (2018). Inmediatamente Semilla acudió en Amparo ante la Corte Constitucional, para frenar la inhabilitación ordenada; esta instancia resolvió amparar al Movimiento Semilla y lo autorizó a participar en la 2ª vuelta.
El TSE también presentó un recurso en la misma dirección, bajo el argumento del art. 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos: “No podrá suspenderse un partido político después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”. De esta manera el TSE asumió -como debe ser- su independencia y condición de máxima autoridad en materia electoral, declaró la validez de las elecciones, reafirmando su compromiso de defender el voto como un derecho, ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización política o cualquier otra vía.
Los tropiezos impuestos para descalificar al Movimiento Semilla y a Bernardo Arévalo, dejarían la cancha libre para que el partido VAMOS y su candidato Manuel Conde del actual presidente Giammattei, ubicados en un distante tercer lugar con apenas el 7,83% de la votación, pueda colarse y competir en el balotaje. El reto de la sociedad guatemalteca debería ser recuperar el espíritu y la reserva moral que condujo a los Acuerdos de Esquipulas I y II para cimentar la independencia de las instituciones del Estado respecto del Ejecutivo y avanzar en democracia. Cuánto nos parecemos con Guatemala.