El silencio otorga. Este gobierno se ha caracterizado por su extraordinaria cobertura, capacidad de reacción e inversión mediática; sin embargo, en este caso, el silencio sepulcral de Bukele en sus redes sobre el tema, la falta de postura oficial del gabinete y sus voceros, el mutismo de los funcionarios involucrados ante la contundencia del tema, reafirma la existencia del pacto que se ha convertido en un tumor putrefacto que carcome las entrañas del Gobierno y especialmente de su Gabinete de Seguridad. Además, es evidencia de que nunca existió el famoso Plan de Control Territorial que le ha costado al país más de $400 millones de los que no hay informes ni cuentas claras. La investigación reviste toda credibilidad debido a la reconocida trayectoria y seriedad de El Faro, que no se ha tentado para develar diversos hechos de gobiernos anteriores.
No es extraño el silencio de los presuntos imputados en esta trama criminal del pacto, cada uno identificado con un alias específico, reconocido por cabecillas pandilleros. De acuerdo a la investigación de El Faro: Bukele (alias Batman); Carlos Marroquín (alias Lente, Sliptone) director de Tejido Social; Osiris Luna (alias Lobo) viceministro de Seguridad y director de Centros Penales y Gustavo Villatoro (alias Torero) ministro de Justicia y Seguridad. Lo más grave es el silencio cómplice del Fiscal General ante un caso de obligada investigación de oficio, a partir de sendas investigaciones periodísticas y de las investigaciones paralelas de gobiernos extranjeros en los que se registran graves hechos de negociaciones ilícitas con grupos criminales de pandillas, que se suman a investigaciones anteriores en las que se registran abundante documentación, videos y testimonios.
Es obligada la investigación fiscal sobre los presuntos involucrados en el pacto ilícito. Todos los funcionarios de gobierno que comprometieron estructuras oficiales y recursos públicos de los Ministerios de Gobernación y de Justicia y Seguridad habrían actuado en calidad de presuntos delegados negociadores bajo el conocimiento y aval del presidente de la República. Entre los indicios que arroja la investigación periodística está el incidente que rompió el pacto con las pandillas por la presunta detención de un grupo de cabecillas pandilleros conducidos por un motorista oficial en un vehículo gubernamental, asignado a ellos con estatus de salvoconducto producto de las negociaciones. Esta captura, considerada una traición por los pandilleros, habría generado el ultimátum para su liberación, que, al ser denegada, desencadenó la masacre de 87 víctimas inocentes.
De igual manera la Fiscalía debe establecer los hechos que concurrieron para la liberación irregular, atribuida al pacto, del pandillero miembro fundador de la llamada ranfla histórica nacional y en la Costa Este de EEUU, Elmer Canales Rivera (alias El Viejo, Crook de Hollywood) quien teniendo una condena de 70 años de prisión, además de otros procesos penales pendientes, y estando requerido mediante solicitud formal de extradición de la justicia de EEUU (26 de julio 2021) por delitos cometidos en aquel país, fue supuestamente extraído del centro penal de máxima seguridad por un alto funcionario de gobierno, quien lo habría protegido trasladándolo de manera clandestina en vehículo oficial hasta Guatemala para asegurar su libertad, evadiendo todos los controles penales, judiciales, policiales y migratorios. En la investigación también se revela un presunto vínculo de cooperación entre el ministro de Justicia y Seguridad con una estructura de pandillas dedicada a otros crímenes, el Programa San Cocos Locos” radicada en el departamento de Sonsonate y confrontada a otros grupos criminales ¿Bajo el amparo de quien estaría actuando el ministro? La FGR tiene mucho por investigar ¿lo hará? Un día la justicia llegará.