La ausencia de guerra no significa, para nada, la existencia de una verdadera paz. Eso es algo válido en el presente de este pequeño y convulso país. Pero el usurpador inconstitucional de la Presidencia de la República sostuvo, a finales del 2022, que este sería “recordado como el año en que El Salvador logró la verdadera libertad y paz [sic]”. Contrariamente a dicho lenguaje triunfalista, tras la matanza de finales de marzo del mismo –como en el 2003 lo hizo Francisco Flores, también con fines electoreros– declaró el inicio de la “guerra contra las maras”; guerra prolongada que aún mantiene junto al régimen de excepción decretado para continuar librándola hasta la fecha, sin que asome en el horizontes siquiera el anuncio de su finalización.
Esas estructuras pandilleriles criminales, aparentemente ya fueron desarticulados; quizás existan grupos reducidos y dispersos, pero ya no son aquel monstruo abominable que sembró terror y luto entre nuestras mayorías populares. Surgen entonces, al menos, tres interrogantes. ¿Por qué seguir incrementando la cantidad de soldados y armándolos hasta los dientes?, es la primera. ¿Por qué continuar despojando de su esencia civil a la corporación policial?, le sigue. Por último, ¿por qué no invertir lo que se gasta en mantener al país en pie de guerra ‒que no es poco‒ para en su lugar comenzar a combatir con todo las causas estructurales que han generado violencia social y estatal en esta comarca a lo largo de su historia, para evitar así su recurrencia?
La respuesta al primer par tiene que ver con el “enemigo interno” mencionado por Bukele desde junio del 2019, que surgirá irremediablemente: la protesta social por el deterioro mayor de las condiciones de vida de la población a la que habrá que amenazar, reprimir e intentar someter con esas fuerzas cuando aparezca. Esa es, en conjunto, la “medicina amarga” que le aplicará a esta. En cuanto a la tercera, para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo de siempre, resulta esencial y urgente que dentro de la agenda nacional pendiente se le otorgue un sitio privilegiado ‒entre tantas penurias‒ a la inversión sostenida en el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad; sostenida y acorde a los desafíos que plantea el descuido sempiterno en el que han permanecido.
Para muestra, un botón. Solo en materia de violencia sexual, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia informó que en el 2022 se contabilizaron5245 vulneraciones de las cuales resultaron 4222 víctimas; el 94.32 % de estas últimas fueron niñas y adolescentes mujeres. También se tiene que, según la cartera estatal respectiva, durante ese mismo año la matricula escolar fue de casi un millón trescientos mil estudiantes; en el 2018, faltaron cerca de cincuenta mil para alcanzar el millón y medio. En cuatro años, pues, la reducción rondó las doscientas mil.
El recién pasado miércoles 12 de junio se conmemoró el Día mundial contra el trabajo infantil. Al respecto, el Observatorio de la niñez y la adolescencia ‒que impulsa una alianza de organizaciones sociales‒ asegura que dentro de dicha actividad se podrían ocultar “formas de trata, explotación sexual y laboral”. Su erradicación requiere “educación de calidad”, “reducción de la pobreza”, eliminar “prácticas sociales que legitiman el trabajo infantil” y “mejores empleos para adultos responsables de niños y niñas”. El Salvador está reprobado en esas materias y, con la citada “medicina amarga” anunciada, va para peor. Mientras, el “bukelato” lo está “embelleciendo” para recibir a la paisanada que vive en el exterior y a visitantes de otras nacionalidades; no sería raro que en las condiciones actuales y futuras se incremente acá el turismo sexual infantil. ¡Cuidadito!