A estas alturas es injustificable seguir prolongando esta aventura bélica después de extinguidas las causas que motivaron la imposición del Régimen de Excepción y la militarización del país pues, de acuerdo con datos oficiales, ya no hay homicidios perpetrados por pandillas. Además, de insostenible, es una costosa estrategia que genera más estragos sociales y económicos por desviar recursos que multiplican las precarias condiciones de las finanzas públicas. Es claro que la motivación persistente es de orden político electoral debido a la desesperada búsqueda de la reelección presidencial a cualquier costo, incluso extendiendo artificialmente la crisis hasta los comicios de 2024, sin tomar en cuenta la grave acumulación de “daños colaterales”.
Las autoridades de seguridad pública no han podido evadir su responsabilidad sobre una estrategia que conlleva severas violaciones a Derechos Humanos, ampliamente denunciada por entidades nacionales e internacionales debido a un abultado “margen de error”, al encarcelar a miles de ciudadanos honrados y llevar a la crisis a igual número de familias que padecen la humillación del descrédito social y sufren severos estragos económicos que irremisiblemente los hunden en una mayor pobreza al derrumbarse los pilares del sostenimiento económico familiar. A esto debe sumarse el deterioro de la estabilidad emocional ante la incertidumbre por la ausencia de garantías que aseguren un debido proceso judicial y los consabidos riesgos de violencia dentro de abarrotados centros penales.
Los “daños colaterales” por las erráticas decisiones de Bukele son cada vez más abultados y frecuentes, llevándose de encuentro a los propios operadores y auxiliares del sistema de (in)justicia como es el caso de todos los jueces, magistrados y fiscales que injustificadamente han sido cesados en su función en 2021 o los más de 1600 policías de distintas direcciones y jerarquías que eran calificados como héroes por el régimen y hoy han sido despedidos por el solo hecho de cumplir sesenta años de edad sin una evaluación técnica sobre su desempeño, sin oportunidad de reubicación, pero además, sin hacer justicia respecto a las reivindicaciones económicas que les corresponden y sin garantías de una pensión digna, constituyendo un edadismo típico. Los “daños colaterales” también se extienden al plano local llevándose de encuentro a las comunidades de todos los municipios del país, condenadas al abandono por la falta de ejecución de proyectos para el progreso comunitario debido a una mayor concentración de poder y recursos en la presidencia de la República. Han sido irresponsables las decisiones de cerrar el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), eliminar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), clausurar el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal (ISDEM); y ahora, para colmo, la amenaza de extinguir la mayoría de los municipios reduciéndolos de 262 a tan solo 50, sin mediar estudio técnico alguno.
Oscuras decisiones como la fracasada implementación del Bitcoin que nunca contribuyó con atraer nuevas inversiones, no abarató las remesas ni bancarizó a los excluidos, arrastra enormes “daños colaterales” como la descalificación del país ante organismos financieros internacionales, complica las soluciones al desmedido endeudamiento público y desencadena una mayor vulnerabilidad ante la crisis financiera internacional, que provoca una inflación más alta, un aumento en el costo de la vida, pocas inversiones y empleo, mayor inseguridad alimentaria, desnutrición y pobreza. En definitiva, la administración Bukele está plagada de erráticas y absurdas decisiones que han generado graves “daños colaterales” que afectan la institucionalidad democrática del país, lesionan la separación de poderes del Estado, cierran los canales y espacios de acceso a la información pública, obstruyen el libre ejercicio periodístico, impiden la función contralora de la sociedad civil organizada y obstaculiza la investigación sobre sendos casos de corrupción en el actual gobierno.