En nuestro país, el 30 de septiembre es la fecha límite para que el Ministerio de Hacienda entregue ante a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024, para su correspondiente discusión y aprobación. A menos de 10 días de ese límite los y las salvadoreñas poco o nada conocemos sobre el presupuesto del próximo año. Tal y como ha sucedido desde 2020, a estas alturas del año no conocemos cuál es el monto máximo que se asignará a cada institución, qué expectativas tiene el gobierno sobre el desempeño de la economía, las necesidades de financiamiento previstas y mucho menos si el presupuesto tiene la intención de dar respuestas a las necesidades de la población, particularmente al incremento en el costo de la vida, la inseguridad alimentaria y la pobreza.
Por este tipo de prácticas no resulta extraño que El Salvador resulte mal evaluado a nivel internacional y sea el país centroamericano con el peor desempeño en materia de transparencia y rendición de cuentas en las diferentes etapas del ciclo presupuestario. En la más reciente edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto, elaborada por el International Budget Partnership, nuestro país solo obtuvo 41 de 100 puntos posibles en transparencia presupuestaria y apenas 20 de 100 en espacios para la participación ciudadana.
El cambio en las autoridades del Ministerio de Hacienda en el mes de julio pudo haber sido la oportunidad para que el nuevo ministro abandonara las prácticas de opacidad de su antecesor y buscara mejorar las prácticas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en las discusiones presupuestarias, siguiendo los estándares y buenas prácticas a nivel internacional. Pero, parece que elaborar el presupuesto de espaldas a la ciudadanía y restringir el acceso a información presupuestaria es una práctica heredada de gobiernos anteriores que la administración Bukele y sus ministros han decidido mantener y adoptar como propia.
A partir de octubre, la discusión presupuestaria estará en la cancha de la Asamblea Legislativa. En un país democrático, con separación de poderes, este sería el espacio ideal para transparentar y debatir sobre la distribución del presupuesto del próximo año. Pero el nuestro no es ni un país democrático, ni uno con separación de poderes, por lo que seguramente lo que observaremos será un desfile de funcionarios que responderá preguntas superficiales de los diputados oficialistas de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Además, “las discusiones” en el seno de la Comisión carecerán, una vez más de espacios para que la sociedad civil presente sus preocupaciones y recomendaciones al presupuesto. Es decir, la ley del presupuesto se aprobará sin ningún debate parlamentario, como la Asamblea hace con cualquier ley que presenta el Ejecutivo.
Como he señalado en ocasiones anteriores, en esta época del año, y en especial porque estamos en un período preelectoral en el que el presidente, a pesar de la prohibición constitucional, y los diputados pedirán nuestro voto para mantenerse en el poder, sería bueno que los ciudadanos y ciudadanas usemos las diferentes plataformas que tengamos a nuestro alcance para que les recordemos que son nuestros impuestos los que financian el presupuesto; que el presupuesto debe dar respuesta a nuestras necesidades y no a sus intereses; y que tenemos el derecho de opinar, participar y exigir transparencia en las decisiones de cómo se utilizan nuestros recursos.