“Tras 30 años de terror, El Salvador ha acabado con las maras”, afirma un titular de un artículo publicado en “El Confidencial” de España. Vigoroso titular, de un periódico conservador de la prensa nativa digital española, y con el índice de credibilidad más alto en dicho país. Muy a pesar de la prensa escrita digital local, enuncia que la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele ha sido extremadamente efectiva: “Las maras, las pandillas criminales que asolaron a la población del Triángulo Norte centroamericano durante las últimas tres décadas y que convirtieron a El Salvador en la nación con más homicidios per cápita del mundo, han sido desarticuladas en el país”.
De la mayor tasa de homicidios en el mundo a la mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. Ese es un hecho indiscutible, un cambio radical y brutal. Temo decir que pocas veces una estrategia en cualquier área ya sea laboral, de negocios o de guerra, obtiene un impacto tan substancial e increíble, me apetece agregar. Una estrategia que, por ser tan innovadora, ha sido tan cuestionada, por diferentes organizaciones, locales e internacionales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, si acepto que puede abrir caminos de cuestionamiento; pero desde el punto de vista de la salud pública, su logro, permítanme decirlo es excepcional.
Una “paz sin justicia” dicen algunos pocos, y bien pocos. Disminuir la tasa de mortalidad por homicidio de los centenares por 100 mil a 8 por 100 mil, es decir 17 veces menor, perdónenme, señores “expertos” en justicia y maras, no solo es justo para nuestra sociedad, sino un logro que, de mantenerse, propulsara logarítmicamente el desarrollo de nuestro país. Es cierto, en la aplicación de la estrategia del control territorial, han ocurrido daños colaterales. Los programas de vacunación y de cualquier otra intervención preventiva en el ámbito de la salud pública, igualmente adolecen de efectos colaterales. Encarcelamiento de aproximadamente el 5 % de personas inocentes, la centralización del poder, perdida temporal del Estado del derecho, son daños colaterales concretos de la aplicación de la estrategia de seguridad.
No soy jurista ni experto en derechos humanos, pero me pregunto, ¿cuántas vidas se han salvado durante estos 10 meses de régimen de excepción en el país? Cientos de vidas, diría yo. Desde el punto de vista de salud pública, los beneficios de esta estrategia no solo son en el ámbito de salvar vidas y disminuir mortalidad por homicidio, sino también mejorar la calidad de vida del salvadoreño.
La sensación de seguridad que las personas en nuestro país sienten al deambular por la calles, colonias y pueblos es innegable, dondequiera y a cualquiera que se le pregunte, tendrá la misma respuesta: “Me siento más seguro”. La sensación de seguridad es uno de los determinantes sociales de la salud.
Hace cuatro años, teníamos un país polarizado, desunido, con un sistema judicial penal débil con altas tasas de impunidad (por cada 100 asesinatos solo nueve perpetradores terminaban en la cárcel). Nada en este mundo es perfecto, pero en una región donde el crimen organizado es emperador, donde la corrupción es la norma y no la excepción, y la desconfianza en la autoridad de gobierno prevalente, medidas temerariamente innovadoras se hacen necesarias. Seguir haciendo lo mismo, una y otra vez, esperando resultados diferentes, es la definición de locura, decía una mente privilegiada. Eso era lo que nuestro país venía haciendo desde hace mucho tiempo, no sé si intencionadamente, para lucro de algunos pocos y detrimento de la gran mayoría, probablemente.
Después de este triunfo tan rotundo, espero que el gobierno de Bukele no se siente en sus laureles. Esta separación de células cancerosas de nuestra sociedad tiene que complementarse con una reestructuración fuerte del sistema educativo.